Vol. 2, núm. 20, diciembre 2021

ISSN impreso): 2305-2589 ISSN (en línea): 2676-0827

Sitio web: https://saberyjusticia.enj.org

Por Dilenia R. Hernández

Entrevista a:

José Fernando Torres Varela

Docente de la Especialización en Derecho de las Fintech de la Universidad Externado de Colombia. Socio en Lexia Abogados. Abogado en la División Legal de Asuntos Financieros en World Trade Organization (Suiza). Ha participado como Asociado en Skadden Arps, Slate, Meagher & Florm LLP & Affiliates (Reino Unido). Asimismo, fue director del Centro en Innovación en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia y asesor legal en Innovación y Diseño para el Banco Davivienda también de Colombia.


En esta entrevista, el profesor Torres Varela nos cuenta su experiencia como investigador visitante del Laboratorio de Diseño Legal en la Universidad de Stanford. Considera que: “Lo que hicimos en Stanford está al alcance de las universidades dominicanas. Una Escuela de Derecho puede crear un laboratorio de innovación en conjunto con la Escuela de Ingeniería, Comunicación, o Diseño, por ejemplo. No es cuestión de recursos ni conocimiento. Es cuestión de voluntad”.


Profesor, cuando hablamos de legal design (diseño legal), ¿a qué nos referimos?

El legal design es una disciplina que usa los principios, habilidades y procesos de los diseñadores para resolver problemas legales y crear un mejor sistema judicial. Traemos herramientas de diseño para crear servicios legales que sean empáticos, sencillos y que, aplicando distintas técnicas, como el prototipado de servicios, se facilite hacer realidad procesos innovadores. Y es que, las habilidades del diseño y la tecnología nos ayudan para crear nuevos modelos de firmas de abogados más eficientes en sus servicios legales, pudiendo innovar, por ejemplo, con la redacción de los contratos y crear nuevos tipos de servicios de justicia.

El diseño ha sido una disciplina que ha traido grandes réditos en muchas industrias. En la de tecnología, por ejemplo, las grandes empresas lo utilizan para crear productos que sean amigables y sencillos para los usuarios. Incluso, el Design Management Institute del Reino Unido realizó un estudio, en el año 2014, en el que muestra que las empresas que utilizan el diseño de manera intensiva tienen un desempeño en la bolsa de valores 228% superior a las empresas que no lo utilizan.

Entonces, si el diseño ha sido tan exitoso en distintas industrias, ¿por qué no traerlo al derecho? Eso fue lo que hizo el Legal Design Lab de la Universidad de Stanford. Trajo todo el conocimiento de la Escuela de Diseño (d.school) para ayudar a crear nuevos tipos de servicios legales y servicios de justicia que les facilitaran la vida a los ciudadanos.

Usted participó como profesor investigador visitante del Laboratorio de Diseño Legal en la Universidad de Stanford. Cuéntenos, por favor, ¿Qué hacía en el laboratorio?

El Legal Design Lab de Stanford nace de una alianza entre la Escuela de Diseño y la Escuela de Derecho. El propósito de este laboratorio es innovar en el derecho, y tiene dos líneas de acción. La primera está enfocada en el sector privado, dirigida a ver cómo se pueden mejorar los servicios legales desde una firma de abogados y un departamento legal de una empresa. La segunda está enfocada en mejorar el acceso a la justicia de la mano de diferentes juzgados y cortes de Estados Unidos.

En Stanford creamos varias clases. Por ejemplo, una llamada “Diseño + Argumentación” en la que exploramos herramientas del diseño para mejorar los argumentos orales y escritos de los abogados. Junto con mi amigo Jay Mandal (exabogado de fusiones y adquisiciones para Apple en la época de Steve Jobs), creamos otra clase que se llamaba “Emprendimiento para Abogados”. También creamos otra, en conjunto con la Escuela de Negocios, que se llamaba “Estrategia Regulatoria para Startups”. Estas clases estaban diseñadas para enseñar habilidades que les sirvieran a los estudiantes para navegar en el mundo real cuando se graduaran y empezaran a ejercer.

Durante su participación en Legal Design Lab de Stanford ¿En cuáles aspectos del derecho concentró su investigación? ¿cómo fue experiencia?

Mi investigación se concentró en dos frentes. El primero estuvo en crear nuevos servicios de justicia en materia laboral; servicios que fuesen asequibles para toda la población. En este frente creamos chatbots (robots de preguntas y respuestas vía mensajes de texto que les explicaban los derechos y obligaciones laborales a los ciudadanos), y otros tipos de productos para mejorar el acceso a la justicia. El segundo frente de investigación fue el futuro de los contratos. Trabajamos mucho el diseño y simplificación contractual, por un lado, y por otro el desarrollo de contratos inteligentes.

La experiencia en Stanford fue inigualable. Tanto los profesores como los estudiantes son grandes apasionados de la modernización de la profesión legal y el acceso a la justicia. Nunca me dijeron “no hagas eso porque siempre lo hemos hecho así”. Todo lo contrario, cuando tenía nuevas ideas, siempre me impulsaron a pensar más grande.

Lo que hicimos en Stanford está al alcance de las universidades dominicanas. Una Escuela de Derecho puede crear un laboratorio de innovación en conjunto con la Escuela de Ingeniería, Comunicación, o Diseño, por ejemplo. No es cuestión de recursos ni conocimiento. Es cuestión de voluntad.

Entonces, desde su punto de vista ¿cuál es el rol que deben adoptar las universidades en la formación de los abogados para lograr la investigación jurídica con miras a la innovación y al impacto que tiene el uso de la tecnología en el derecho?

Históricamente las universidades han enseñado derecho transmitiendo contenido. Pero no se han enfocado en cómo funciona la industria de servicios legales, en la diferencia entre ser un abogado en una firma, un juzgado o trabajar en un departamento jurídico. Incluso, ser abogado en materia penal es muy distinto a trabajar en financiación de infraestructura, por ejemplo. Cuando dejamos de pensar en enseñar únicamente el derecho y enseñamos qué es ser un abogado, qué hace, cómo construye una firma de abogados, un juzgado nativo digital, o un departamento jurídico moderno, todo cambia.

Las universidades tienen este reto y esta responsabilidad. Recitar derecho contractual sin saber redactar contratos no es muy útil. Decirle a un estudiante que se dedique al litigio sin enseñarle a crear una firma, conseguir clientes, facturar, etc., tampoco es muy útil.

Los estudiantes se enfrentarán al ejercicio profesional moderno, con el uso intensivo de la tecnología. Los estudiantes pueden crear toda una firma usando herramientas como Dropbox, Clio, Clickup y Notion y software de automatización contractual (por mencionar algunas). Deben saber prestar un buen servicio al cliente, liderar equipos, gestionar el conocimiento para evitar reinventar la rueda y hacer investigación jurídica profunda. Las universidades deben cambiar para enseñar a los estudiantes estas nuevas habilidades. Un estudiante debe poder usar la tecnología para hacer investigación sobre derecho constitucional comparado, para preparar una audiencia, y el manejo del litigio lo debe poder hacer en software moderno de gestión de proyectos.

Si las universidades preparan a los estudiantes para ejercer en el Siglo XIX, ni la justicia ni el sistema legal van a cambiar. El derecho va a seguir siendo engorroso, ineficiente y lejano al ciudadano. La justicia no se va a modernizar y los ciudadanos no podrán ejercer sus derechos.

La tecnología no está cambiando el derecho; ya lo cambió. Los estudiantes se van a enfrentar a esta realidad cuando se gradúen. Mal harían las universidades en no preparar a los estudiantes para el presente.

Pensando en los países en vías de desarrollo, en los que la brecha digital es considerable ¿cuál ha sido la experiencia con relación a cómo el uso de la tecnología contribuye a garantizar un mayor acceso a la justicia?

A pesar de la brecha tecnológica que pueda existir, la tecnología es la forma más sencilla de llegar a los ciudadanos. Es más fácil llegar con tecnología que llegar con sedes físicas. Es lo mismo a lo que pasó con los celulares y las líneas telefónicas. Fue más fácil para la población acceder a un teléfono móvil que a una línea telefónica fija.

  • Las experiencias comparadas nos muestran que las barreras de desplazamiento son mucho mayores que las barreras tecnológicas.

  • La tasa de adopción de la tecnología es cada vez más rápida.

  • La tecnología nos permite llegar a los usuarios usando diferentes medios (escrito, audio, video o interacción a través de chatbots, por ejemplo).

Con la tecnología también nos podemos enfocar en servicios que son distintos a los juzgados tradicionales. Podemos crear servicios educativos que le permitan a los ciudadanos entender cómo funcionan las cortes, qué documentos deben llevarle a un abogado, o incluso crear nuevos tipos de servicios. El Centro de Ayuda Legal de Australia, por ejemplo, creó una aplicación para ayudarle a las parejas a tramitar sus divorcios y negociar la separación de bienes de una forma sencilla, todo desde el teléfono.

El acceso a la justicia no es solo el acceso a un juzgado o tribunal. También es el acceso a la información, a entender los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos, el poder prevenir pleitos por estar bien informados, entre otras.

¿Cómo cree que se puede lograr fomentar una cultura de innovación en los administradores y usuarios del sistema de administración de justicia?

Es fundamental fomentar una cultura de innovación porque debemos inventar nuevos servicios de justicia que le puedan llegar a todos los ciudadanos. A los abogados nos educan para analizar el pasado, leer jurisprudencia (sobre hechos que ya pasaron), aplicar precedentes, pero nunca para pensar en el futuro.

El generar una cultura de innovación nos permite salir del apego al pasado, abandonar el “siempre lo hemos hecho así” y experimentar para resolver problemas y crear servicios centrados en los ciudadanos.

¿Cómo crear esa cultura? Lo primero es capacitar a los administradores del sistema de justicia. Es imprescindible que estos estén al tanto de los desarrollos sobre innovación en la justicia, a nivel mundial, que aprendan que podemos innovar de forma responsable y que es muy importante crear servicios pensando en las demás personas, no solo en los abogados.

También es importante crear un espacio de experimentación donde podamos invitar a los administradores de la justicia a probar cosas nuevas, a aprender métodos nuevos y brindarles un espacio para pensar en problemas que estén viviendo y que quieran resolver. En estos espacios podemos enseñar a crear productos y servicios con empatía, técnicas de gestión del conocimiento y del despacho, uso de herramientas virtuales para la colaboración, entre otras.

Por ejemplo, en Lab hemos hecho varios challenges (desafíos) con jueces sobre legal design, justicia descentralizada en blockchain (sistemas de arbitraje especialmente adaptados para la resolución de disputas en contratos inteligentes), automatización de autos y documentos, entre otros. Los jueces aprenden cosas nuevas, se inspiran y nos ayudan a transmitir la cultura de innovación que estamos creando desde el Lab.

La cultura se crea de a poco, generando confianza, demostrando que lo que hacemos en el Lab es innovación responsable en pro del ciudadano, los jueces, los abogados y la República Dominicana.

Los resultados del estudio arrojaron un abordaje limitado de los fenómenos de violencia de género, violencia en contra de las mujeres, sobre las identidades en intersección de las mujeres y violencia en contra de la comunidad LGBTQ y personas no binarias y migrantes. Aunque se evidenciaron algunos avances en cuanto al reconocimiento de las mujeres como una categoría heterogénea, no se advirtió un cuestionamiento real a la interconexión de los sistemas de opresión y desigualdades que intensifican la violencia que sufren particularmente las mujeres maginadas, personas de la comunidad LGTBQ y personas no binarias y que les exponen a mayores niveles de violencia. Un enfoque realmente interseccional va más allá de identificar la intersección de diferentes categorías sociales marginadas. Además, requiere identificar las relaciones de poder que crean, reproducen y refuerzan locaciones sociales desiguales.

La Escuela Nacional de la Judicatura tiene proyectos concretos para contribuir a la investigación y fortalecimiento del Poder Judicial dominicano, entre los que destaca el Laboratorio de Innovación para la Justicia (Lab ENJ), en el que usted colabora como experto. ¿Cómo valora el impacto de esta iniciativa desde un punto de vista comparado?

El Lab ENJ es una iniciativa pionera en Latinoamérica. No conocemos ninguna iniciativa parecida en el área. Es muy valioso tener un Laboratorio de Innovación porque se necesita un espacio dedicado a resolver problemas y a pensar en el futuro. El trabajo del día a día muchas veces hace que los funcionarios del Poder Judicial no tengan tiempo para investigar y crear prototipos que puedan resolver problemas. El Lab proporciona ese espacio, esa capacidad investigativa y propositiva a la hora de crear nuevos conceptos para la justicia.

Por último, ¿qué recomendaciones daría usted tanto a los jueces como a los abogados que desean explorar en el diseño legal en busca de soluciones innovadoras para su quehacer en el sistema de justicia?

Aprender diseño legal es algo muy útil para la carrera de la abogacía. A los abogados, en el sector privado, les va a permitir diferenciarse y ofrecer servicios legales de nuevas maneras. A los jueces, por otro lado, les permitirá ayudar a mejorar el acceso a la justicia. La primera recomendación es aprender sobre diseño en general.

Para los interesados en legal design, les recomiendo el libro Diseñar el Cambio: Cómo el design thinking puede transformar las organizaciones e inspirar la innovación, de Tim Brown. Además de leer, el diseño se aprende haciendo. Hacer cursos sobre diseño gráfico, diseño de servicios o experiencia de usuario para la web en los que hagan proyectos concretos es muy útil. También es importante relacionarse con diseñadores, preguntarles cómo trabajan, qué herramientas usan, entre otras cosas.

También les aconsejo aprender sobre legal tech (herramientas tecnológicas que nos permiten ser mejores abogados) y herramientas de no-code (herramientas que no requieren programación y nos ayudan a construir bases de datos, flujos de trabajo, gestión del conocimiento, etc.).

El diseño legal se ejerce creando una intersección entre el derecho, el diseño y la tecnología. Aprender diseño y tecnología es la mejor forma de asegurar el futuro profesional de un abogado. Los invito a participar en la revolución legal que estamos viviendo. ¡Qué no los vaya a dejar el bus!