Desarrollo y concreción del proyecto

El Código Civil y Comercial de la Nación congrega las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina. Se promulgó en octubre de 2014 y entró en vigencia el 1 de agosto de 2015.

Se convocó a más de un centenar de juristas y profesores de derecho de todo el país, quienes colaboraron en la redacción de los distintos capítulos del nuevo Código.

En el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional se hizo referencia a diversos aspectos comprendidos en la reforma, que se consideraban relevantes. Entre ellos, resaltó que “Otro aspecto relevante del proyecto es la gestación por sustitución; en la que el elemento central es la voluntad procreacional, expresada mediante el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. En estos casos, el juez interviniente en la homologación constatará que la gestante no haya recibido retribución alguna y que al menos uno de los comitentes haya aportado material genético”.

Asumida, en la exposición de motivos, la voluntad procreacional como elemento central, cabe considerar que esta “es el eje o columna vertebral de la determinación filial en los casos de filiación derivada de Tratamiento de Reproducción Humana Asistida” (Caramelo, Picasso y Herrera, 2015, p. 283).

Ello desplaza a un lugar secundario el dato genético. “Es tan así que el art. 562 CC y C deja expresamente consignado que la voluntad procreacional prima o es lo que vale para determinar un vínculo filial, se haya utilizado en la práctica médica material genético de un tercero o de la propia pareja, siendo esta una de las diferencias sustancial es entre la filiación por naturaleza o biológica y la filiación derivada de TRHA”.

En síntesis, la voluntad procreacional constituye el acto volitivo de querer ser padre o madre sin perjuicio de la existencia de componentes genéticos propios. Sentado ese principio y congruentemente con él, el Proyecto enviado al Honorable Congreso de la Nación, establecía:

ARTÍCULO 562.- Gestación por sustitución. El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial.

La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.

El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que:

1. se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer;
   
   
2. la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica;
   
   
3. al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos;
   
   
4. el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término;
   
   
5. la gestante no ha aportado sus gametos;
   
   
6. la gestante no ha recibido retribución;
   
   
7. la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces;
   
   
8. la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio.

Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza.

Del artículo proyectado, se infiere fundamentalmente que:

1. Se legalizaba la gestación por sustitución;
   
   
2. El consentimiento debía ser homologado judicialmente;
   
   
3. Remitía aspectos reglamentarios al dictado de una ley especial;
   
   
4. El juez interviniente debía revisar el cumplimiento de determinados requisitos, entre los cuales se priorizaba la evaluación del interés superior del niño que pudiera nacer.

La Comisión redactora, expresó en la fundamentación del anteproyecto que la postura asumida se fundamentaba en diversas razones.

En primer lugar, la fuerza de la realidad, tanto nacional como internacional. Dado que esta técnica es practicada lícitamente en varios países extranjeros, las personas que cuentan con recursos económicos viajan con esos fines (se lo conoce como ‘turismo reproductivo’); de hecho, muchos niños ya nacieron, y su interés superior no permite que se niegue jurídicamente la existencia de un vínculo con quien o quienes han tenido la voluntad de ser padres/madres. Más aún, en el país ya se ha planteado la impugnación de la maternidad de la gestante que dio a luz por no ser ella la titular del material genético femenino utilizado. Por otra parte, el reconocimiento legal del matrimonio de las personas del mismo sexo ha hecho necesario regular esta filiación, dado que ellas tienen derecho a recurrir a la filiación por adopción, por lo que sería inconsecuente no autorizarlas al uso de las técnicas de reproducción humana asistida.

Finalmente, se entiende que es más beneficioso contar con una regulación con pautas claras, previamente fijadas, que brinden seguridad jurídica tanto a los usuarios de estas técnicas como, principalmente, a los niños nacidos de ellas; ni la postura abstencionista, ni la prohibitiva, podrán evitar que se presenten conflictos jurídicos complejos que deberán ser resueltos a pesar de vacío legislativo o su expresa prohibición. El Anteproyecto permite la gestación por sustitución previéndose un proceso judicial con reglas propias que culmina con una decisión judicial de autorización^[5].

La Comisión Bicameral y el procedimiento de audiencias públicas

Por Resolución del 4 de Julio de 2012 el Congreso aprobó la creación de una Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de analizar el proyecto de Código remitido al Honorable Congreso de la Nación, por el Poder Ejecutivo nacional. Dada la trascendencia del Proyecto en estudio, la Comisión Bicameral decidió establecer un amplio mecanismo de consulta mediante la implementación de audiencias públicas.
Estas consistían en reuniones públicas, organizadas con la presencia de legisladores, y en las cuales podían hablar los oradores inscriptos, quienes disponían de 10 minutos para expresar sus apoyos, dudas y/u objeciones. Se realizaron un total de 31 audiencias públicas en todo el país. Ha sido relevante el resultado de estas para sellar el destino del proyecto.

Las reformas propuestas referidas a la gestación por sustitución habían sido rechazadas en un 89 %. Se esgrimieron diferentes argumentos:

a) Imposibilidad de controlar la gratuidad; b) posible explotación de las mujeres pobres; c) vulneración del interés superior del niño, e d) inmoralidad del contrato.

En el Congreso la mayoría votó por la no inclusión bajo el peligro “[...] de que pueda dar lugar a un mercado de vientres”, o que “Resultará difícil que el juzgador pueda apreciar si se ha tenido en mira el interés del niño que pueda nacer; también será una apreciación muy subjetiva que la gestante no haya recibido retribución por esa pauta. Por lo menos creemos que esto peca de ingenuo”^[6].

La diputada Giannettasio, quien a la sazón era la presidenta de la Comisión de Justicia, realizó un particular análisis. Consideró que la institución propuesta en el artículo 562 “[...] no está prohibida en la norma ni en el anteproyecto ni en el proyecto es una posibilidad que existe; como no está prohibida puede entenderse que se da”. Y propuso que se agregara al texto una redacción similar “[...] como la que usamos para evitar el tráfico de órganos”. Ello con el objetivo de prevenir que el sistema “[...] pueda convertirse en un nuevo sistema de trata de personas”.

Defendió la propuesta al argumentar que los límites establecidos en la Ley para el caso de trasplantes de órganos (entre vivos) había posibilitado que no hubiera habido denuncias de ese tipo y debía conferírsele “[...] al juez las facultades que permitan llegar al total convencimiento de que el acto es libre, y esto le permite utilizar todos los medios de prueba”.

Si bien no se aprobó el Proyecto, sí se aprobaron otras cuestiones esenciales.

En primer lugar, en el art. 558 se incluyó como una tercera fuente filial a las técnicas de reproducción humana asistida. Si bien en el Código anterior solamente se regulaban dos (naturaleza y adopción), debemos aclarar que por la Ley 26.862 del 5 de junio de 2013 se había garantizado el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico- asistenciales de reproducción médicamente asistida, previendo la norma una amplia cobertura de salud. La Ley entendió por reproducción médicamente asistida los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo, quedando comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones.

El Código nuevo recoge lo legislado y lo incorpora en la sistemática. Por ello, el art. 559 prevé que los certificados de nacimiento no deben detallar si la persona ha nacido o no por técnicas y el art. 560 agrega la necesidad del consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas. 

Correlativamente, resulta de aplicación la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, específicamente el art. 5o que regula la definición y los alcances del consentimiento informado^[7].

Si bien el art. 562 no fue aprobado como había sido propuesto, sí se aprobó la redacción que resulta congruente con el tratamiento dado en los artículos precedentes a las técnicas de reproducción humana asistida, y contiene la denominada “voluntad procreacional”.

Señala la redacción que “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos”.

Como se menciona en el acápite Interpretación, en el comentario del referido artículo (Caramelo, Picasso y Herrera, 2015, 283), “El CC y C reafirma aquí que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos —es decir, queda determinada la filiación— de quien dio a luz, y también del hombre o la mujer que prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre [...] sin importar que ambas personas, una de ellas o ninguna haya aportado sus gametos”.

Como se ha citado anteriormente, “Uno de los principios básicos sobre los que se sustenta la filiación derivada de las TRHA gira en torno al lugar secundario que ocupa aquí el dato genético. Es tan así que el art. 562 CC y C deja expresamente consignado que la voluntad procreacional prima o es lo que vale para determinar un vínculo filial, se haya utilizado en la práctica médica material genético de un tercero o de la propia pareja”.

En esta redacción, el vínculo filial no se define por el hecho del parto y la identidad del recién nacido. El recién nacido queda jurídicamente vinculado a las consecuencias que el derecho establezca, para una genuina relación paterno- materno-filial.

Este planteo del nuevo Código resuelve las situaciones de las parejas del mismo sexo, donde, de otro modo, la cuestión de la determinación filial era muy compleja. Debe tenerse presente que con anterioridad al CC y CU, por la Ley 26.618 de 2010, se había reconocido el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo^[8]. Lo cual fue incorporado en el Código en el art. 402.

La controversia en la revisión jurisprudencial

Luego de sancionado el Código y puesto en vigencia, sin la inclusión del artículo proyectado, pero contemplando la situación de la TRHA y la voluntad creacional, continuaron los debates al respecto de las soluciones posibles ante los casos concretos.

No solamente hablamos de casos del denominado “turismo reproductivo” ―algunos muy conocidos por comprender a personas de trascendencia pública―, sino de casos intrafamiliares, donde, por ejemplo, una mujer gestó para su hermana (Clarín, 2014).

En 2015 informaba el diario Clarín que en la Clínica Halitus, uno de los principales centros especializados en reproducción asistida de la capital, aseguraban no parar de recibir consultas de parejas hetero y gay para someterse a este tipo de procedimientos. “Desde abril de 2013 recibimos 83 consultas, de las cuales 17 corresponden a parejas gay. Se hicieron 10 tratamientos, de esos embarazos uno no prosperó, hubo 6 nacimientos y quedan dos en curso”, detallaba a Clarín, Sergio Pasqualini, director del centro (Clarín, 2015).

En meses inmediatos a la puesta en vigencia del Código, del 1 al 3 de octubre de 2015 se realizaron en Bahía Blanca las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Ante la no procedencia del proyecto, resultaba esperable que el tema se abordara en estas, por lo cual se presentaron varias ponencias^[9]. En dichas Jornadas se concluyó por unanimidad que: “1. Aún sin ley, al no estar prohibida, se entiende que la gestación por sustitución está permitida” (Duprat, p. 9).

La jurisprudencia posterior a la promulgación del Código

Como suele ocurrir, la vida real se filtra en los pasillos de los tribunales y fueron planteándose innumerables casos, requiriendo la decisión de los jueces. En el Código actual los jueces tienen la obligación de decidir y fundamentar sus decisiones “razonablemente”.

Es así como paulatinamente se fue asumiendo la idea de que el conflicto familiar exige una composición humana, que no se agota en el estricto marco de lo jurídico, que, si bien le brinda soporte a la decisión y aleja cualquier atisbo de arbitrariedad, no impide la prevalencia de criterios esencialmente discrecionales, para la mejor tutela de los intereses comprometidos, fundamentalmente del interés superior del niño.

En este tipo de casos se consideró que no se trata de prescindir de la ley, sino de aducir que también inciden en un plano de equivalencia las razones de conciencia y de convencimiento personal del juez. Una suerte de justicia mixta de equidad y ley, que nunca defraudará las aspiraciones de la ley ―expresaba Couture― si el magistrado coloca por encima del tecnicismo jurídico, los dictados de su conciencia recta y justiciera^[10].

Asimismo, y en la línea de lo sostenido por algunos legisladores en el debate, algunos jueces interpretaron que la carencia de legislación no debe interpretarse como la existencia de una “prohibición” efectiva sobre la práctica, ya que ello importaría una interpretación restrictiva y literal del sistema jurídico, tachando de “prohibidas” o “ilegales” las circunstancias no receptadas expresamente por aquel [...]. Adoptar esta postura llevaría al imposible de pensar en la necesidad de un ordenamiento normativo capaz de tipificar expresamente todas las circunstancias de hecho posibles, dado que si algo no estuviese regulado no sería legal, considerando que la materia es judiciable.

La casi totalidad de casos resueltos en sede judicial, hicieron lugar a la gestación por sustitución, salvo algunas excepciones.

Cuestiones relevantes. Principales aspectos reseñados en los fallos

Como señalamos, cuando la realidad se presenta en los tribunales, tienen la obligación de decidir. Y no decidir de cualquier manera, sino razonablemente^[11]. Los jueces se hallan, en referencia a la cuestión, en un escenario complejo. Por un lado, tienen la obligación de decidir, no pueden excusarse o rehuir el asunto. Por otro lado, la realidad se cuela por aquellas lagunas que los legisladores, por temor, inoportunidad, convicciones dispares o múltiples cuestiones, no abordan. Esa realidad no aguarda las normas, se erige con independencia de estas. Asimismo, en el caso, cuentan con un proyecto trunco, pero con líneas doctrinarias que lo impulsaban, por lo cual pueden fluctuar entre la restricción o la amplitud en la tutela.

a.1. Los fallos que acogieron favorablemente las pretensiones se han referido en los fundamentos a los aspectos que estaban reglados en el proyecto. Algunos citándolos de manera expresa a modo de guía doctrinaria, otros haciéndose cargo materialmente de los aspectos planteados como requisitos.

a.2. En todos los casos se señaló la importancia decisiva de la intervención judicial y el deber de examinar cuidadosamente los extremos.

a.3. En la totalidad de los casos ha habido preocupación puntual por la acreditación y reverificación en sede judicial del consentimiento informado, pleno y libre de las mujeres gestantes.

Asimismo, se ha tratado de verificar que la gestante tuviera plena capacidad, buena salud f ísica y psíquica, mediante informes médicos, pruebas periciales y, en algunos casos, la intervención de gabinetes interdisciplinarios. También se ha procurado acreditar dicho extremo, mediante declaraciones ante el juez interviniente.

a.4. Especialmente se ha hecho hincapié en la falta de retribución^[12].

a.5. Entre otras cuestiones, se verificó que la gestante hubiera dado a luz, al menos, un hijo propio. En algunos casos, incluso, se hizo referencia a la opinión de los demás hijos.

En general, los fallos con un criterio amplio a favor de tutelar el derecho guardan correlación en los elementos tenidos presente y en sus consideraciones, con los lineamientos y requisitos de procedencia planteados en el proyecto de Código, aunque ese artículo no haya sido aprobado.

Asimismo, debemos recodar que, como se mencionara precedentemente, los principales aspectos sobre los cuales los ponentes en las audiencias públicas habían basado sus objeciones, se sintetizan en: a) Imposibilidad de controlar la gratuidad, b) posible explotación de las mujeres pobres, c) vulneración del interés superior del niño y d) inmoralidad del contrato.

b.1. En general, si bien los fallos favorables, no se ocupan de contestar dichas objeciones expresamente, lo cierto es que su análisis evidencia que abordan las cuestiones.

b.2. En el caso de la gratuidad, si bien un juez dejó a salvo su opinión a favor de la onerosidad, los demás han examinado que la práctica se realice gratuitamente.

Acerca de si el control jurisdiccional es suficiente para aventar dudas, resulta una cuestión opinable^[13].

No todo en el mundo es dinero, y bien puede haber conductas genuinamente altruistas. Desde el punto de vista de la bioética jurídica, se ha sostenido que “Dignidad ética de la persona, libertad, solidaridad, integridad (del paciente y del donante) que, presentes en el caso, constituyen puntos de vista normativos ideales para el derecho. Son valores que importan al derecho, que este puede y debe plasmar y, llegado el caso, propiciar y enaltecer” (Tinant, 2014)^[14].

b.5. Otra cuestión que hemos reseñado en las observaciones generales radica en que la filiación quedaba establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.

Se interpretaba a priori que el niño quedaba restringido a conocer solamente la identidad de los comitentes, que eran quienes habían manifestado la voluntad procreacional.

Todos los fallos han establecido la obligación, la exhortación y/o instar a los comitentes a poner en conocimiento del menor el origen gestacional, incluso ordenando a los establecimientos médicos la preservación de la documentación. Dichas disposiciones han sido fundadas en el derecho del niño a la identidad.

c. Los fallos y el interés superior del niño:

El proyecto contemplaba expresamente que el juez debía homologar el acuerdo solo si, además de los requisitos que previera la ley especial, se acreditara que se hubiera tenido en miras el interés superior del niño que pudiera nacer. La cuestión ocupaba un lugar central en la ponderación que el juez debía realizar. Los fallos reseñados hacen especial referencia a la cuestión.

Ahora bien, ¿cuál es el alcance otorgado a ese principio? Este no es un tema menor, dado que, si se observan las objeciones realizadas por los ponentes en las audiencias públicas, el principio se ha utilizado, asimismo, como argumento para la denegatoria de la posibilidad de la práctica médica.

c.1. En general los fallos se han remitido, por imperio del control de convencionalidad, a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c.2. Correlativa, y cronológicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha reafirmado que el “Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2007).

c.3. En el caso Yean y Bosico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado los alcances del concepto y señalado que “La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad” (Corte IDH, 2005, párr. 133).

c.4. Para aclarar este concepto, la Corte IDH se remitió a la Opinión Consultiva 17/02 (Corte IDH, 2002, párrs. 56-60), en la cual se había explayado con más precisión. En tal sentido, señaló que “Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”. Remitió allí al principio establecido en el art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 en cuanto establece que “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Señaló a continuación que “[...] la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”.

c.5. Remitió aquí al art. 7 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en cuanto había establecido que “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”, como así también al Principio 10 de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo adoptada del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, en cuanto señala que “El interés superior del niño deberá ser el principio por el que se guíen los encargados de educarlo y orientarlo”.

c.6. En los casos de las autorizaciones previas al nacimiento, puede suponerse abstracto considerar cuál será el “superior interés”, y por ello la doctrina ha tratado de esclarecer dicha suposición: “el niño no estaría en el mundo de no haberse recurrido a la gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon fervientemente su existencia, tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro método, recurrieron a uno que implica dificultades de todo tipo (legales, económicas, fácticas, etc.)” (Kemelmajer de Carlucci, Lamm y Herrera, 2012) y de ello se han hecho eco algunos fallos revisados.

c.7. Como toda descripción de principio, el concepto “interés superior del niño” encierra una intencionalidad de justicia en la tarea a resolver por el juez. En general, los fallos analizados, asumen esa intencionalidad, mediante una argumentación “principialista”, mediante la invocación de un principio que forma parte del derecho vigente y que goza de capacidad justificatoria.

c.8. Los jueces intervinientes han respaldado en general sus conclusiones en el principio del interés superior del niño, pero concretizándolo mediante la articulación con otros derechos concretos que se plantean en la Convención.

Lo han entendido (en línea con las premisas enunciadas en el caso Yean y Bosico) como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores y, adicionalmente, como garantía del desarrollo de sus oportunidades y potencialidades.

Los fallos indistintamente, y de acuerdo con las condiciones de cada caso concreto, refieren la necesidad de garantizar:

1. El derecho a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento y a adquirir una nacionalidad conforme al art. 7, ap. 1, de la Convención. Entendida su importancia porque la inscripción inmediata del nacimiento de una persona es determinante para el goce efectivo de los demás derechos.
   
   
2. Correlativamente con el derecho a su identidad y, consecuentemente, el derecho al respeto a la vida privada del niño. En uno de los fallos analizados, el juez interviniente se expidió en el mismo sentido que ―y citando los precedentes Mennesson, Labassee y Foulón y Bouvet c. Francia― el Tribunal Europeo de Derechos Humanos^[16].
   
   
3. El derecho a la familia. Por el art. 8 los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar las relaciones familiares.
   
   
4. El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, conforme el art. 27 de la Convención.
   
   
5. El derecho a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar conforme el art. 3, ap. 2, de la Convención.
   
   Entre todos los casos analizados destacamos la excepción denegatoria. En un caso, habiendo sido autorizada en primera instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (por mayoría) revocó la sentencia, considerando que la intención del legislador fue clara, al excluir la gestación por sustitución del proyecto de reforma y, por ende, no existe vacío legislativo que justifique resolver el caso en función de lo normado por el art. 19 de la CN, no pudiendo avalar que, ante la inexistencia de prohibición alguna, por el solo acuerdo de las partes, se pueda pactar tanto sobre la voluntad procreacional como respecto al procedimiento de determinación de la filiación y el modo de entrega del niño de una persona a quien no se estima como la madre a los progenitores que serían los padres.
   
   Este caso reviste particular importancia, porque al ser denegatorio se encuentra apelado y a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un sistema como el argentino (sin Tribunal Constitucional), lo que la Corte decida concretará el criterio definitivo.