Sj ¿Qué experiencias considera usted fueron determinantes en su vida para decidir incursionar en la rama del derecho?

DS Provengo de una familia en la que el Derecho ha tenido una influencia importante. Mi padre, con mucho esfuerzo y sacrificio, se graduó de licenciado en derecho de la entonces Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), en Santiago. Luego de él, mi madre, que era primero enfermera, se hizo abogada. Después les seguimos mis dos hermanos y yo y también 3 de los hermanos de mi padre. En algún momento pensé en estudiar otra carrera; pero ese deseo duró muy poco tiempo. La integridad y el ejercicio ejemplar de mi padre creo que ha sido una gran motivación para todos nosotros y una importante fuente de inspiración para encontrar nuestra vocación en esta carrera.

Sj ¿Cuáles han sido las lecturas que han influenciado su pensamiento y su quehacer jurídico?

DS En mis estudios de grado, me marcaron especialmente algunos libros de Filosofía del Derecho; por citar dos que creo marcaron mi manera de concebir el Derecho: “Teoría pura del Derecho”, de Hans Kelsen y “Derecho Natural”, de Antonio Fernández-Galiano.

En los estudios de máster y de doctorado han influenciado en mi, los libros de derecho administrativo y de la regulación, así como los relacionados con el derecho y la tecnología. Por citar algunos: “Derecho administrativo económico”,“Telecomunicaciones: regulación y mercado” y “Servicios de interés económico general”, de José Carlos Laguna de Paz; “Principios de derecho administrativo”, de Juan Alfonso Santamaría Pastor; “Introducción al derecho administrativo”, de José Luis Martínez López-Muñiz; “Protección de datos de carácter personal en Iberoamérica”, de José Luis Piñar Mañas y “Principios de derecho de Internet”, de Pablo García Mexía.

También otras obras no jurídicas. Destaco, por ejemplo, dos: “El discurso del método”, de René Descartes y “El arte de la prudencia”, de Baltasar Gracián. Me resulta sorprendente cómo obras de hace casi 400 años (de 1637 y 1647, respectivamente) conservan tanta actualidad. A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, ¡cuán poco hemos cambiado los seres humanos, sujetos del Derecho!

Sj En el año 2017, usted presentó en la Universidad de Valladolid, España, su tesis doctoral titulada “Regulación y competencia en el sector de las telecomunicaciones: la experiencia de la República Dominicana”. ¿Cuáles fueron las motivaciones para elegir esta área de estudio?

DS He estado estudiando el tema de la regulación del sector de las telecomunicaciones desde el año 2005, cuando realicé mi primer máster en la Universidad Carlos III de Madrid. Posteriormente, a partir del año 2007, cuando emprendí mi labor docente universitaria, inicié impartiendo la asignatura de Derecho de las Telecomunicaciones, entre otras. En 2013 realicé un segundo Máster, esta vez en la Universidad de Valladolid. Allí conocí al Dr. José Carlos Laguna de Paz, Catedrático de Derecho Administrativo y autor, entre otros, del libro “Telecomunicaciones: regulación y mercado” (2004 y 2010), así como de múltiples artículos relacionados con el tema de la regulación y, particularmente, del sector de las telecomunicaciones. Tuve el honor de que el profesor Laguna fuera el director de mi tesis doctoral.

DS Fue, pues, una dicha entrar en contacto con una autoridad en la materia. Y me pareció importante aprovechar su experiencia para trabajar la tesis sobre la regulación de este sector en la República Dominicana; en mi caso, implicaba cerrar una etapa iniciada en el 2005. Tuve la oportunidad de abordar el tema desde una perspectiva holística, desde las categorías del derecho administrativo, que es el derecho que hay detrás de la regulación.

Sj Siguiendo por esa línea, ¿por qué es importante la investigación que realizó?

DS El tema tiene importancia porque el sector de las telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades actualmente; y el uso de las técnicas de regulación correctas incide en el desarrollo del mercado y en una mejor prestación de estos servicios de interés general a los ciudadanos. En el caso de la República Dominicana, luego de más de 20 años de vigencia de una ley que pretendió liberalizar el sector, analizamos las categorías jurídicas que hay detrás e hicimos una propuesta de orden de las mismas en nuestra tesis.

DS Lo más importante de la tesis fue el estudio de las categorías jurídicas que hay detrás de la regulación del sector de las telecomunicaciones; el haber podido evidenciar incoherencias en el ordenamiento jurídico dominicano en relación con la aplicación de dichas categorías al sector. Y la apelación a la construcción de un derecho administrativo en el que se consoliden los instrumentos de intervención pública. Además, la tesis hace un análisis histórico del sector, desde las primeras regulaciones hasta nuestros días.

«Las telecomunicaciones son hoy en día esenciales para el ejercicio de los derechos fundamentales y para el libre desarrollo de la personalidad de los individuos»

Sj Entonces, ¿cuáles fueron sus conclusiones?

DS De manera sucinta, las siguientes: 1) que continúa siendo una tarea pendiente la efectiva liberalización de las telecomunicaciones en el país; 2) que el ordenamiento jurídico dominicano no es claro en relación con la naturaleza jurídica de los servicios de telecomunicaciones ni hace un uso correcto de los títulos habilitantes para la regulación; razón por la cual se hace necesaria la consolidación de los instrumentos de intervención para tener un ordenamiento más coherente; 3) que es necesario fortalecer el servicio universal de las telecomunicaciones; que los impuestos que se pagan por los servicios de telecomunicaciones deben contribuir de manera más efectiva al acceso de las personas a estos servicios, esenciales para su desarrollo. 4) que es destacable el rol del INDOTEL desde su creación en el 1998, debiéndose fortalecer su independencia y neutralidad.

DS La tesis está disponible en el Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid, en este enlace:

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/29503

Sj En estas conclusiones usted advierte la necesidad de un ordenamiento jurídico que proteja los derechos de los ciudadanos. En ese aspecto, ¿cómo ve el panorama actual en la República Dominicana?

DS Las telecomunicaciones son hoy en día esenciales para el ejercicio de los derechos fundamentales y para el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Uno de los fines de la regulación es garantizar la efectiva prestación de este tipo de servicios y el efectivo respeto de los derechos de las personas. Al mismo tiempo, la regulación debe permitir la existencia de competencia (y, en algún caso, fomentarla) y tener en cuenta el incentivo de nuevas inversiones, las cuales son fundamentales para mantener servicios de calidad.

DS El INDOTEL aprobó en el 2017 el “Reglamento sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones” y en el 2018 la “Carta de derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones”, documentos que reflejan el compromiso del órgano regulador de fortalecer los derechos de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones. Evidentemente que estos instrumentos no son suficientes; se hace necesaria una adecuada vigilancia para el respeto efectivo de estos derechos. Y esta es una tarea permanente.

Sj Por otro lado, ya hablando de los retos que plantea el uso del Internet, en donde uno de los elementos que genera más preocupación es el tema de la seguridad en el manejo de las informaciones personales, de ahí la existencia en nuestro país de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología. ¿Considera que la indicada ley ha cumplido o no los objetivos por los que fue promulgada? ¿Qué sería necesario para combatir este tipo de delitos en materia de legislación?

DS Bien es sabido que la sola adopción de una ley, por sí misma, no garantiza su cumplimiento y la consecución de los objetivos que persigue. La Ley 53-07 significó un paso importante para la prevención y sanción de los ciberdelitos, particularmente en un país cuyo Código Penal permanece anclado al 1884, año de su promulgación. Vista en perspectiva, significó un paso importante de avance para la persecución de los delitos cometidos a través de medios tecnológicos. 12 años después, en una sociedad cada vez más digitalizada, se impone su revisión para su adecuación a un nuevo entorno y una nueva realidad. ¿Si todo es cada vez más digital, cómo no habrá de serlo también la delincuencia?

DS Deseable sería la aprobación de un nuevo código penal dominicano y la inclusión dentro del mismo de los delitos tipificados en la legislación sobre delitos de alta tecnología. Hay que enfrentar nuestro serio problema de dispersión normativa. Luego de la Ley 53-07, otras leyes han tipificado y establecido sanciones penales a conductas realizadas a través de medios electrónicos, relacionadas con la protección de las informaciones personales. Por ejemplo, la Ley 172-13, de protección de datos personales y la Ley 310-14, que regula el envío de SPAM.

DS Como diría Descartes: “las muchas leyes suelen servir de excusa para los vicios, de modo que un Estado está mucho mejor reglado cuando tiene muy pocas pero son rigurosamente observadas [...]”.

«La tecnología no sustituye al docente; lo que hace es cambiar su rol»

Sj Pasando a la formación de los operadores de la justicia, en donde la Escuela ha tenido un rol importante, especialmente en la incorporación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿En cuáles innovaciones ha pensado usted para fortalecer su modelo educativo?

DS Sin dudas, la ENJ es un referente de calidad en el ámbito educativo, pionera en la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al momento de esta entrevista, la institución se encuentra trabajando en su Plan Estratégico para los próximos 5 años, enmarcado dentro de la transformación que se llevará a cabo en el Poder Judicial dominicano bajo el liderazgo del Magistrado Presidente Luis Henry Molina Peña.

DS Para esta transformación, esta nueva visión de la justicia, se requiere una nueva Escuela, que re-evoluciona y que está llamada a fungir como agente y motor de cambio. Y este cambio pasa, sin dudas, por la innovación a través de la tecnología. Aunque la tecnología es un medio y no un fin en sí misma, no es cualquier medio. Es uno que ha transformado la sociedad y, particularmente la educación, la forma como aprendemos y enseñamos en todo el mundo.

DS Lo que pensamos hacer, junto al excelente equipo que conforma la institución, es potenciar la Escuela, ayudando a que su formación llegue más y mejor a todo el país y el mundo; principalmente a su público: jueces y servidores judiciales, pero expandiéndose también a la comunidad jurídica nacional e internacional.

DS La ENJ está llamada a seguir siendo referente en innovación y calidad académica, centro de pensamiento, espacio de debate, abierta, accesible, participativa y moderna. En el plano pedagógico, se está preparando para fortalecer la enseñanza por competencias, implementando estrategias de aprendizaje centrado en la práctica y de aula invertida, apoyándose en la tecnología como medio para la innovación constante.

DS Actualmente la ENJ está dando pasos hacia el fortalecimiento de la virtualización. A título de ejemplo, destacamos que la ENJ está preparando sus primeros cursos MOOC que esperamos puedan ser puestos a disposición del público próximamente a través de las más importantes plataformas de cursos. Además, la Escuela ya inició la realización de webinars que permitirán, igualmente, acercar la formación a toda la comunidad jurídica; y actualmente está actualizando su plataforma a la última versión de Moodle, cuyas mejoras permitirán fortalecer la enseñanza semipresencial (B-learning) y completamente virtual.

Sj Para lograr estas innovaciones ¿sería necesario o no replantearse los criterios o el perfil del docente?

DS La formación por competencias y el uso de la tecnología conllevan la asunción por los docentes, de un nuevo rol. La tecnología no sustituye al docente; lo que hace es cambiar su rol. Ya el docente no tiene, como antes, el monopolio del saber. Es, más bien, un facilitador del aprendizaje; un intermediario entre el conocimiento y aquel que quiere aprender (discente). Y claro que sí, que se necesita un nuevo perfil de docente. De nada sirve cambiar los programas e implementar tecnologías que faciliten y acerquen el aprendizaje, si los docentes no asumen adecuadamente sus roles. No hay revolución educativa sin buenos docentes.

Sj Ya para finalizar esta entrevista, cuando hablamos de formación en el área de las telecomunicaciones ¿considera usted que se necesita la incorporación de cursos, talleres o alguna especialización a través de la ENJ?

DS La oferta de la Escuela Nacional de la Judicatura está llamada a renovarse constantemente y a responder a las necesidades de los jueces y juezas, así como de los servidores del Poder Judicial. En el pasado, han sido importantes los cursos de la Escuela sobre el tema de la regulación de las telecomunicaciones. A título de ejemplo, cabe recordar el curso virtual impartido por el profesor José María Chillón Medina, que dio lugar a la obra “Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información”, realizada en conjunto con el INDOTEL. Actualmente, sin dudas, es importante incrementar las capacitaciones relacionadas con el impacto que ha tenido la tecnología sobre el Derecho.