EVOLUCIÓN DE LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL:

IMPACTO DE SUS 16 AÑOS DE GESTIÓN EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Evolution of the IberoAmerican Commission on Judicial Ethics: impact of its 16 years of management on sustainable development

INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos de la Antigua Grecia se ha reconocido la importancia de la formación en valores, como requisito indispensable para la adecuada convivencia social, así como su primacía sobre la formación técnica y profesional y la responsabilidad estatal de velar por ella. Sin embargo, no es posible garantizar totalmente que las personas que aspiran al cargo de la judicatura, o ya lo ejercen, cuenten con una formación adecuada en principios éticos judiciales o, peor aún, que exista un pleno convencimiento sobre la importancia de su cumplimiento (CIEJ, 2020, p. 2).

Esta formación ética en el colectivo de la judicatura resulta indefectible, dado que, la observancia de los principios éticos encamina el accionar jurisdiccional hacia el irrestricto cumplimiento de las normas, cuestión que conduce al acatamiento de las garantías mínimas del debido proceso sustantivo, el respeto y protección de los derechos fundamentales en el ámbito jurisdiccional y la mejora del funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto, coadyuvando así a impulsar el desarrollo humano mediante la colaboración en la construcción de los Objetivos de la Agenda 2030, que dicho sea de paso, corre el riesgo de involucionar por primera vez desde la introducción de este concepto en el año 1990, producto de los embates de la pandemia, la crisis financiera mundial de 2007-2009, la impunidad, la corrupción, etc., según informe rendido por la ONU en el año 2020 (PNUD).

Es preciso acotar que la difusión y formación en torno a los principios éticos que enarbola el Código Iberoamericano de Ética Judicial, a través de la Comisión de Ética, persigue fortalecer la conciencia ética de los impartidores de justicia, para la formación de buenos jueces, caracterizados no solo por su capacidad técnica, sino por su formación integral en valores y principios que fundamenten su verticalidad moral, laboriosidad y amor por el trabajo, dado que, como dijo el filósofo español M. Atienza, “la complejidad creciente de las profesiones, afecta no solamente a cuestiones técnicas sino también éticas”(Atienza, 2003, p. 43).

Precisamente, son estos valores los que van a definir el pensamiento, el carácter y la personalidad de quien decida ser juez; la ausencia de estos en su vida no le permitirá administrar justicia correctamente, porque para emitir decisiones sanas, la persona que las dicta también debe serlo, debe ser ético.  Fue este el objetivo por el cual fue creado el Código Iberoamericano de Ética Judicial y su Comisión en el año 2006.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los inspiradores del Código y la Comisión, M. Atienza y R. Vigo, indicaron que el éxito o fracaso del Código estaba supeditado de la actuación que realizara la Comisión mediante sus funciones (Atienza, 2006, pp. 82-83), enarboladas en el artículo 83 del aludido Código. Los referidos juristas advirtieron, además, que para ello era necesario enfrentar los siguientes retos (Atienza y Vigo, 2006, pp. 10-12):

a) Difusión del contenido del Código para su mayor conocimiento por parte de los profesionales del Derecho y de la sociedad en general, y que sea un motivo para generar iniciativas variadas en orden a la vigencia del Código y de la ética judicial; b) aceptación voluntaria del Código, porque de esto depende su eficacia; a tales fines, la Comisión debía  incidir a lo interno de los Poderes Judiciales, de manera que sean sus integrantes los que se esfuercen por alcanzar la excelencia y no vean la ética como algo peligroso para ellos; c) involucramiento de las Cortes Supremas y los Consejos de los Poderes Judiciales de los Estados que forman parte de la Cumbre, ya que su influencia determina la vigencia real de la ética judicial; d) evitar ineficacia o apresuramiento por parte de la Comisión, en aras de alcanzar suficiente prestigio, confianza y credibilidad; e) identificar la necesidad o conveniencia de definir un presupuesto anual o ad hoc para la Comisión o la aprobación de métodos para la obtención de recursos, ya que la concreción de sus iniciativas requiere respaldo económico, que en principio provendrá de la misma Cumbre y/o de su Secretaría Permanente.

Esto demuestra que los doctrinarios M. Atienza y R. Vigo, avizoraron las cuestiones necesarias para lograr el éxito del Código Iberoamericano de Ética Judicial, pero sobre todo, la consolidación de la Comisión Iberoamericana, mediante el cumplimiento efectivo de sus funciones, elementos nodales para el alcance de su objetivo principal: la formación del buen juez iberoamericano, que se erija como centinela de las garantías del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que asegure una justicia accesible, eficiente, pronta y previsible.

Partiendo de lo anterior, cabe preguntar: ¿La Comisión ha desempeñado con eficiencia las funciones que le confiere el artículo 83 del Código? ¿A sus 16 años de creación los desafíos identificados por sus creadores han sido afrontados? ¿Cómo incide la Comisión en el impulso del Desarrollo Sostenible en Iberoamérica?

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se dará respuesta a estas interrogantes. A tales fines se presentan tres capítulos: el primero, relativo a los fundamentos de la Comisión; el segundo contiene el estudio de los trabajos realizados por las cinco gestiones de la Comisión (2006-2021) y su repercusión en los derechos humanos, y el tercero comprende el análisis de la influencia de este organismo en la construcción de los ODS de la Agenda 2030. 

GÉNESIS DE LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL

Origen  

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ―en lo adelante La Comisión― es uno de los grandes proyectos creados por la Cumbre Judicial Iberoamericana ―en lo adelante La Cumbre―, la cual puede ser concebida “como una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana” (CJI, s. f.).

Esta Cumbre nace en Madrid en el año 1990, durante la celebración de la I Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, España y Portugal. A esta le siguieron dos más, también en Madrid, de similares características en los años 1994 y 1997 (CJI, s. f). Está integrada por 23 países: de Europa (España, Portugal y Andorra) y América (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela).

El objetivo principal de la Cumbre es la adopción de proyectos y acciones concertadas desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento de los Poderes Judiciales y, por extensión, del sistema democrático” (CJI, s. f.). Por ello, se incluyó un proyecto relacionado con ética judicial, producto de la preocupación mostrada por los representantes de los Poderes Judiciales iberoamericanos por definir principios y reglas ético-judiciales. Como consecuencia de esto, dentro del marco de la XIII Cumbre se acordó la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y como órgano de ejecución la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CJI, 5 de octubre de 2017).

Es preciso agregar que en el año 2004 en Honduras y El Salvador se aprobó la declaración Copán-San Salvador de la Cumbre Judicial Iberoamericana, mediante la cual se estableció la necesidad de formular un Código de Ética; expresamente se dispone: “impulsar la redacción de un Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica” (Declaración Copán-San Salvador, 2004⁾. Esta iniciativa dio paso a la designación de dos juristas, R. Vigo y M. Atienza (de filosofías diferentes: europea y latinoamericana), quienes a su vez constituyeron una Comisión integrada por representantes de Colombia, España, Guatemala, Honduras y Perú bajo la coordinación de Eduardo Orio (Consejo de la Magistratura de Argentina) y Eduardo Ferrer MacGregor (Corte Suprema de Justicia de México) (Atienza y Vigo, 2006, p. 1).

Luego de un arduo trabajo, en la XIII Cumbre, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, en junio de 2006, se aprueba el mencionado Código (Villalta, 2007), un instrumento que concentra los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañar y orientar a la persona juzgadora en el ejercicio de sus delicadas tareas. Este, en su Parte I, consagra los Principios de Ética Judicial Iberoamericana: independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. En la Parte II de dicho Código se establece el funcionamiento de la Comisión, que se puso en marcha en Buenos Aires el 1 de septiembre de 2006. Hasta el día de hoy se han constituido cinco Comisiones, que han mantenido con asombrosa regularidad un constante y creciente dinamismo en materia de ética judicial (García Clarck, 2015, p. 915), actividad que se explica en detalle en los siguientes apartados.

Sobre la Comisión, señalan sus inspiradores, M. Atienza y R.  Vigo, que “se trata de un mínimo anclaje institucional frente a alternativas más pretenciosas como habría sido la creación de un tribunal o incluso la previsión de eventuales sanciones” (Atienza y Vigo, 2006, p. 9). Es un organismo que tiene la finalidad esencial de “fortalecer la conciencia ética de los impartidores de justicia iberoamericanos y prevenir acciones antiéticas que transgredan el derecho”, cuestión que garantiza mejores resultados que la ejecución de sanciones. Partiendo de ahí, podemos afirmar que “la Comisión es un emprendimiento institucional de alto valor, y no sólo simbólico, en orden a consolidar la identidad iberoamericana” (Atienza y Vigo, 2006, p. 10).

FUNCIONES DE LA COMISIÓN: CONSULTIVA, DIVULGATIVA, FORMADORA

De conformidad con el artículo 83 del Código, la Comisión tiene las siguientes funciones:

Esta es la razón por la que también tiene naturaleza de “Código Modelo”, sirviendo de referencia a los Estados iberoamericanos para que procedan a formular sus Códigos de Comportamiento Ético con base en este, porque ha quedado demostrado que para que estos instrumentos sean verdaderamente eficientes deben ser elaborados por la propia judicatura, con objetividad, equidad e independencia, a fin de afrontar y resolver sus propios problemas. Esto explica el motivo por el que corresponde a los propios Poderes Judiciales la ejecución y supervisión del cumplimiento de los Códigos deontológicos judiciales para lograr que estos sean eficaces (Villalta, 2007).

No obstante, la Comisión confiere a sus dictámenes la auctoritas, es decir, son decisiones que tienen preeminencia en el ámbito de la ética, que deriva de su propia composición y del ejercicio de sus competencias (Castro Caballero, 2019, p. 144). La autoridad de estos dictámenes se fundamenta en que son dictados por el órgano de mayor jerarquía en el ámbito de la ética iberoamericana, cuestión que constituye una garantía de que el contenido de cada resultado de consultoría se compondrá de argumentos de gran autoridad, incrementando así la posibilidad de convencer a sus destinatarios, llevándolos a su acatamiento libre, voluntario e inteligente.

En ese orden de ideas, es preciso agregar que el derecho incorpora deberes para el juez, con respecto a las conductas más significativas para la vida social, y la ética, por su lado, pretende que el juez asuma la conciencia de su obligatoriedad, pero además requiere un compromiso superior del referido a la excelencia (Atienza y Vigo, 2006, p. 2). Significa esto que el derecho encuentra su apoyo en la roca firme de la ética. En estos términos reza la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948: “los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan”.

Lo antes señalado es una razón más por la que ni las previsiones del Código ni los dictámenes de la Comisión pueden tener efectos vinculantes, dado que los valores morales contienen nociones no unívocas, por estar compuestas por una multiplicidad de contenidos, significados y valores a los que se asocia, que no siempre son fáciles de armonizar entre sí (Del Real, 2014, p. 1), al integrar un conjunto de valores morales, para cuya modulación se deben valorar aspectos muy subjetivos: culturales, sociales, ideológicos, etc. Principios que hunden sus raíces en el sistema de moralidad material (Prieto Sanchís, 1985, 353 y ss.). Debido a ello, los propios Poderes Judiciales deben formular sus Códigos de Ética, partiendo de los núcleos concentrados de ética judicial que plantea el Código Modelo.

Estas son las razones por las que R. Vigo y M. Atienza no pensaron en la creación de un Tribunal Iberoamericano de Ética Judicial, porque el objetivo no es sancionar, sino prevenir mediante la concienciación para evitar actuaciones contrarias a la ética que pudiesen acarrear sanciones a lo interno de cada Estado y consecuencias irreversibles para la persona usuaria. La Comisión es un órgano que viene a potencializar la vigencia efectiva de la ética judicial en Iberoamérica (Atienza y Vigo, 2006, p. 9). Ha sido este el objetivo perseguido por la Comisión desde su creación en el año 2006 hasta el día de hoy. Partiendo de ahí, cabe preguntarse: ¿Cómo ha evolucionado y ejecutado sus funciones la Comisión durante sus 16 años de labor?

LAS COMISIONES DE ÉTICA JUDICIAL 2006-2022: ESTUDIO DE SUS GESTIONES Y SU REPERCUSIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS

Hasta la fecha se han constituido cinco Comisiones, la primera, la Comisión de 2006, a la que hemos denominado Período de afianzamiento institucional, por ser la gestión que tuvo que sentar las bases iniciales para la ejecución de sus funciones y proyectos; la segunda, la Comisión de 2010, a la que llamaremos Período de reforma e iniciación consultiva, por haber impulsado la modificación del Código Modelo en su último año 2014 y por haber formulado el primer dictamen; la tercera, la Comisión de 2014, a la que denominamos Período de potencialización consultiva, por dar paso al despegue de la labor consultiva, mostrando avances notorios en la emisión de dictámenes con cierta regularidad; la cuarta, la Comisión de 2018, a la que hemos llamado Período de modernización y divulgación, dado que con el uso de las TIC se crearon y optimizaron los medios digitales que permitieron mayor comunicación entre los miembros de la Cumbre, superior apertura de sus datos, acceso de las personas usuarias y, además, porque entre los años 2020-2021 se emitió la mayor cantidad de dictámenes en toda la historia de la Comisión (analizados en los apartados subsiguientes), y la quinta, la Comisión de 2021, la Gestión actual, que culmina en el año 2023, de la cual analizaremos lo realizado hasta la fecha y los proyectos en agenda.

Comisión 2006-2010: Período de afianzamiento institucional  

La Asamblea Plenaria de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, reunida en Santo Domingo, República Dominicana, los días 21 y 22 de junio de 2006, aprobó el Código e hizo los nombramientos de los Comisionados, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2010. El secretario ejecutivo elegido fue Rodolfo Luis Vigo, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina (Castro Caballero, 2019, p. 135). Esta constituyó una estratégica elección, por ser el profesor Vigo uno de los redactores del Código, por ende, quien tenía mayor conocimiento en torno a cómo debía funcionar la Comisión. Las actividades realizadas en este período fueron:

Actividad normativa y consultiva. En 2006 la Comisión se constituyó bajo el impulso de su secretario ejecutivo Rodolfo L. Vigo. En su primera reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre de 2006, fue adoptado su reglamento interno, las Normas de Funcionamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ, 2006). Estas normas fueron reformadas en la segunda reunión de la Comisión, celebrada en México D. F., el 1 de septiembre de 2007 (versión actualizada 1 de septiembre de 2018). Se introdujeron 3 modificaciones: 1ra. Supresión del término “provisionales” del título; 2da. Se sustituye del art. 4 “dos tercios” para el quórum de la Comisión y se establece “un mínimo de 5”; 3ra. Se incluye al art. 8 que los acuerdos serán adoptados con un “mínimo de cuatro votos favorables” (CIEJ, 2006).

En este mismo año, la Comisión planteó la conveniencia de que sus miembros propusiesen de manera periódica un problema ético judicial en abstracto y que a partir de este se emitiese un dictamen con el fin de conformar un cuerpo de dictámenes de la Comisión (Castro Caballero, 2019, p. 144), propuesta que fue incluida en la reforma del Código en 2014. En 2008 la Comisión intentó aprobar infructuosamente su primer dictamen en la reunión de Panamá, referido a “los jueces y las actividades políticas legítimas de los miembros de la familia del juez” (Castro Caballero, 2019, p. 144).

Actividad divulgativa. El premio de ensayos en el marco del Concurso Internacional de Trabajos Monográficos en torno al Código se convocó por primera vez en el año 2006 y el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano en el año 2007, actividades a las que se ha dado continuidad de manera ininterrumpida hasta ahora. Anualmente se propone un tema de ética judicial siguiendo el orden y contenido del Código y cada dos años resulta elegido el juez galardonado con el Premio al Mérito (CIEJ, premio al mérito judicial, s. f.). Durante este período se concedieron los primeros premios al mérito judicial, en 2007 al Dr. Ulises Odio Santos (Costa Rica) y en 2009 a los Dres. Andrés José D’ Alessio (Argentina), Nelson García Otero (Uruguay) y Arturo Serrano R. (México). En cuanto a los ensayos jurídicos, durante este período se convocaron a tres concursos, bajo la línea de los siguientes temas: la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (2007), independencia (2008), imparcialidad (2009) y se dio apertura al concurso 2010 bajo el tema “motivación judicial (CIEJ, premios de ensayos jurídicos, s. f.).

Actividad formativa. Durante esta gestión se otorgó un lugar destacado a la formación de los jueces en materia de ética. A tal efecto, se subrayó la necesidad de interactuar con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y, de manera efectiva, se ha contado con el apoyo de estas escuelas, como la española y la dominicana, que acogen a los premiados en el concurso de ensayos. También se ha tenido en cuenta la capacitación como una herramienta cuyo empleo se recomendó en el dictamen relativo a la participación de los jueces en redes sociales (Castro Caballero, 2019, p. 146).

Comisión 2010-2014: Período de la reforma e iniciación consultiva  

En la Asamblea Plenaria de la XV Cumbre, reunida en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de abril de 2010, se realizaron los nombramientos para el período comprendido desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2014.  En 2010 entró en funcionamiento la segunda Comisión con la coordinación del juez mexicano Mariano Azuela Güitrón (Castro Caballero, 2019, p. 136). Las actividades realizadas durante este período fueron:

Actividad consultiva. Dictamen 1. En respuesta a la consulta del Poder Judicial de Paraguay, la Comisión emitió el 20 de agosto de 2014 su primer dictamen, sobre la pertenencia de jueces a las logias masónicas en el Paraguay, relativa a la compatibilidad de la pertenencia a una logia masónica y el cargo de juez. Paraguay solicitó orientación en torno a la posible incompatibilidad de la afiliación a la Masonería con el ejercicio de la administración de justicia, dada la necesidad de mantener secretos y otros compromisos que la asociación impone, a lo que la Comisión respondió que no existe tal incompatibilidad y no es contraria a la ética (CIEJ, dictámenes, s. f.).

Actividad divulgativa. Premios. Entre los años 2010-2014 se concedieron los premios al mérito judicial en el marco de la IV edición ―fue otorgado de manera póstuma al Dr. Luis Paulino Mora, expresidente de la Corte Suprema de Costa Rica (CIEJ, premio al mérito judicial, s. f.) ― y los premios por los ensayos jurídicos. Se convocaron 4 concursos monográficos, bajo la línea de los siguientes temas: motivación judicial (2010), conocimiento y capacitación (2011), justicia y equidad (2012) y responsabilidad institucional (2013) y se dio apertura al concurso 2014 con el tema “cortesía” (CIEJ, premios de ensayos jurídicos, s. f.).

Publicaciones. Se prepararon e imprimieron más de 12 textos sobre ética judicial por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de México, entre estos podemos citar la edición bilingüe (español-portugués) de los números 6 y 7 de la serie Monografías Premiadas de la colección Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, correspondientes a los temas justicia y equidad y responsabilidad institucional; el libro Ética judicial. Visión latinoamericana de Armando Segundo Andruet, Esteban Kriskovich de Vargas, Javier Saldaña Serrano y Sigfrido Steidel Figueroa (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2014, pp. 8-9).

Actividad formativa. Como resultado de los acuerdos tomados en la VII Reunión Ordinaria de la Comisión, se acordó encargar a la Secretaría Ejecutiva gestionar con la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana un curso sobre Ética Judicial Iberoamericana, mediante la modalidad b-learning. Las sesiones virtuales del programa se efectuaron entre el 22 de abril y el 28 de junio de 2013 y el encuentro presencial los días 3 y 4 de julio del mismo año en Santo Domingo. Contó con la participación de 96 personas provenientes de 19 naciones integrantes de la Cumbre (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2014, pp. 5-7), quienes en lo adelante se convirtieron en multiplicadores de los conocimientos adquiridos en dicha formación.

Actividad normativa. Propuesta de modificación del Código Iberoamericano de Ética Judicial. En atención a lo expuesto ante la Comisión de Seguimiento en la Segunda Reunión Preparatoria de la Cumbre el 5 de diciembre de 2013 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Comisión propuso una reforma al Código de Ética (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2014, p. 11). Esta propuesta fue discutida y acogida, y resultaron modificados varios artículos: el 63 sobre secreto profesional; el 83.a para atribuir facultad oficiosa a la Comisión para solicitar asesorías por parte de sus comisionados o delegados; el 84 sobre nombramiento de delegados cuya regulación quedaría bajo las disposiciones de un Estatuto de Delegados; el 90 (literales b y d) al incluir dentro de las obligaciones del Secretario Ejecutivo la convocatoria anual a la reunión ordinaria de la Comisión para rendir cuentas (previo a la modificación el texto decía que debía rendir cuentas cada año, pero no especificaba que debía convocarse a reunión ordinaria, a tales fines; se incluye, además, que a las reuniones de la Comisión deberán ser convocados los delegados de los países que no tengan comisionados). Por efecto de la modificación del art. 83.b en el 92 se incluye a la Comisión dentro de los órganos que deben dirigir sus asesorías o cualquier petición por ante la Secretaría Ejecutiva (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2014, pp. 18-19). 

Comisión 2014-2018: Potencialización consultiva

La Asamblea Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, reunida en Santiago de Chile, los días 2 a 4 de abril de 2014, nombró la Comisión para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2018. En 2014 se constituyó la tercera Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, con su secretario ejecutivo al frente, el juez argentino Luis Lozano (Castro Caballero, 2019, p. 137). Las actividades realizadas durante este período fueron las siguientes:

Actividad consultiva (CIEJ, dictámenes, s. f.)

Dictamen 2. En fecha 9 de diciembre de 2015, la Comisión aprobó, previa consulta del Poder Judicial de Costa Rica, el segundo dictamen sobre el uso de las redes sociales por los jueces. Mediante este se plantea, entre otros puntos, que los jueces tienen los mismos derechos que las demás personas, sin embargo, pueden ser limitados para el resguardo de la función. El uso de las redes sociales por parte de los jueces no está prohibido, pero deben observarse los principios del Código, es decir, utilizarse adecuadamente para evitar manifestaciones que importen incumplimiento de deberes. Ponente: el comisionado español Ordóñez Solís.

Dictamen 3. En fecha 10 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó el tercer dictamen sobre la integración de tribunales u otro tipo de órganos para dilucidar conflictos en organizaciones como la FIFA^[3] o sus federaciones asociadas. En este dictamen se trató la cuestión de la integración de dichos tribunales. Ponente: Castro Caballero.

Dictamen 4. El 14 de marzo de 2018, por iniciativa propia la Comisión, adoptó su cuarto dictamen, contentivo de consideraciones éticas respecto del relacionamiento entre los jueces y los medios de comunicación. En este se planteó, en síntesis, que un juez como cualquier otro ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión, pero al ejercerlo se deberá comportar de forma que preserve la dignidad de su función. Ponentes: Silva Santos y Pérez Manrique.

Actividad divulgativa. La Comisión promovió la creación de un Comité Editorial, integrado desde 2016 por tres comisionados, con el fin de promover una labor de divulgación de las cuestiones de ética judicial mediante publicaciones. Asimismo, también en 2016 la Comisión aprobó la creación de un boletín bimestral y una mayor visibilidad en las redes sociales (Castro Caballero, 2019, p. 146).

Premios. Entre los años 2014-2018 se concedieron los premios al mérito judicial en el marco de la IV edición, otorgado en el 2015 a la Mgda. Miriam Germán Brito (República Dominicana) y en 2017 la Dra. Elvira Rossetti (Argentina) (CIEJ, premio al mérito judicial, s.

f.). En cuanto a los premios por los ensayos jurídicos se convocaron cuatro concursos monográficos, bajo las líneas temáticas siguientes: cortesía (2014), integridad (2015), transparencia (2016) y secreto profesional (2017, que fue declarado desierto, dado que los trabajos presentados no alcanzaron el nivel requerido), y se dio apertura al concurso 2018 con el tema “prudencia” (CIEJ, premios de ensayos jurídicos, s. f.).

Es preciso agregar que la XVIII Cumbre celebrada en 2016 aprobó, a propuesta de la Comisión, la invitación a los miembros no representados en esta última para designar personas que funcionaran como puntos de enlace de la Comisión en cada país, inspirados en un documento elaborado por el comisionado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, para operar como agentes especializados en la materia ética, por cuyo medio se pretende lograr una transversalización y dinamización de los desarrollos de la Comisión (CJI, 2016).

Comisión 2018-2021: Período de modernización y divulgación

En la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre, reunida en Quito, Ecuador, del 18 al 20 de abril de 2018, se nombró la cuarta Comisión para el período 2018-2021 (apartados 34 y 35 del Acta de la Cumbre). En junio 2018 se constituyó la Comisión, ejerciendo como secretario ejecutivo, el juez español, David Ordóñez Solís. Su primera reunión presencial se celebró los días 12 y 13 de noviembre 2018, en Santa Rosa, La Pampa (Argentina) (CJI, 2016).

Huelga señalar que según informe de gestión 2018-2021 de la CIEJ, el único cambio en esta composición se produjo en julio de 2018 como consecuencia de la sustitución del Dr. Néstor Alfredo Arbito Chica de Ecuador por la Dra. Alma Consuelo Guzmán García de Honduras, que ocupaba el 11.º puesto en la lista de los candidatos seleccionados por la Cumbre. Las actividades realizadas durante este período fueron las siguientes:

Actividad consultiva (CIEJ, dictámenes, s. f.)

Dictamen 5. En fecha 5 de abril de 2019, la Comisión dictó su quinto dictamen sobre las implicaciones de endeudamiento y jubilación de la población judicial. Mediante este se recomienda, entre otras cosas, la realización de procesos efectivos de prevención y educación financiera, impulsar normas que garanticen la estabilidad económica de la persona juzgadora y que se aseguren pensiones dignas, porque el descontrol financiero de estos podría poner en juego su independencia. Ponente: comisionado Luis P. Sánchez R.

Dictamen 6. El 5 de abril de 2019 se dictó el sexto dictamen, que versa sobre las actividades remuneradas de los jueces, ajenas a la función judicial y su compatibilidad con la ética, donde se establece, entre otros los puntos, que resulta incompatible con la función judicial la realización de otras actividades remuneradas, por la posibilidad de que se generen conflictos de interés que pudieran comprometer la independencia y la imparcialidad del juez. Solo queda permitido impartir docencia, siempre y cuando no obstruya el ejercicio de la labor judicial. Establece, además, que queda permitida la producción literaria remunerada. Ponente: Elena Martínez Rosso.

Dictamen 7. El 2 de julio de 2019 la Comisión emitió el dictamen sobre los principios éticos aplicables al proceso de mediación. En este se plantea, en síntesis, que el fortalecimiento de la ética de la profesión del mediador parece ser el mejor camino para conseguir el propósito de bien común que persigue el Estado en el cumplimiento de su responsabilidad esencial. Ponente: comisionada Rosa María Maggi Ducommun.

Dictamen 8. El 12 de marzo de 2020 se dictó el dictamen sobre la justicia en plazo y los problemas estructurales de la administración de justicia en clave ética. En este se establece, entre otros puntos, que la mora judicial debe atacarse con el cumplimiento de la debida diligencia de los operadores del sistema y, en particular, de la persona juzgadora, con el fin de obtener una justicia cada vez más expedita, legitimada y valorada. Ponente: comisionado Justiniano Montero.

Dictamen 9. El 12 de marzo de 2020 la Comisión emitió el dictamen sobre el uso por el juez de las nuevas tecnologías. Entre otros puntos vinculados a la TIC y el juez, en este se recomienda que la persona juzgadora debe adquirir conocimientos sobre los entornos virtuales, escenario donde debe ser cuidadosamente imparcial para que la utilización de las TIC no distorsione la igualdad de armas, sino que se erija como herramienta de diligencia, celeridad y eficiencia; debiendo mantener la debida transparencia y publicidad que haga posible la exhibición de su buen desempeño, mediante el uso de las TIC. Ponente: Eduardo F. Mendía.

Dictamen 10. El 16 de octubre de 2020 se dicta el décimo dictamen sobre la formación en principios y virtudes éticas de los jueces. En este se plantea, en síntesis, que la formación ética debe abarcar todo el personal judicial y que, para ello, deben utilizarse, armónicamente, el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los códigos deontológicos de cada país. Ponente: comisionado Sánchez Rodríguez.

Dictamen 11. De la misma fecha, el dictamen sobre el trato a las partes y la ética judicial establece, entre otros tópicos, que con el acercamiento del juez a la causa no se pretende un íntimo relacionamiento con las partes, sino su presencia en la realidad de la causa, siempre firme y en actitud de respeto a la igualdad y la imparcialidad, con miras a una mejor administración de justicia. Ponente: comisionada Peña Candia.

Dictamen 12. De la misma fecha, el dictamen sobre la libertad de expresión y la ética de los jueces hace referencia a que la libertad de expresión en el juez permite destacar su misión, sin embargo, debe tomarse en cuenta que el poder que a este se le confiere trae consigo determinadas exigencias inapropiadas para el ciudadano común. Esto implica que, en el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión, el juez debe observar los deberes de prudencia, cautela y moderación. Ponente: comisionada Martínez Rosso.

Dictamen 13. Evacuado por la Comisión el 4 de diciembre de 2020, el dictamen sobre la dimensión ética de las relaciones entre los jueces en los órganos colegiados explica con detalles la disposición del Código que establece que en los tribunales colegiados deben realizar el proceso de deliberación con el debido respeto y buena fe. Se explica el derecho de cada juez a disentir de la opinión mayoritaria y se le exhorta ejercerlo con prudencia y autocontrol. Ponente: comisionado Eduardo D. Fernández Mendía.

Dictamen 14. El 12 de marzo de 2021 la Comisión presentó el dictamen relativo a las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política o entre aquella y el ejercicio independiente de la profesión de abogado. Propuestas éticas frente a las “puertas giratorias”. Entre otros puntos, explica la prohibición de los jueces de participar en cualquier actividad política partidaria (art. 4 del Código), la cual tiene por objeto salvaguardar la independencia judicial, evitar sesgos políticos en sus criterios y decisiones, así como prevenir la proliferación de conflictos de intereses. Ponentes: comisionados Hernán A. De León y Fernando A. Castro.

Dictamen 15. Del 30 de abril de 2021 versa el dictamen sobre las implicaciones éticas de las relaciones de los jueces con los más altos responsables políticos de la Nación cuando están juzgando causas que les afectan. A través de este se reitera que el ejercicio del Poder Judicial se fundamenta en la confianza ciudadana en los jueces, por lo que resulta indispensable la separación de poderes; también preocupa la confusión de poderes por parte de la ciudadanía, dado que las apariencias tienen gran importancia.

Dictamen 16. Del 23 de septiembre de 2021 es el dictamen sobre la acción disciplinaria y la ética en el control del comportamiento de los jueces. En este se plantea, entre otros aspectos, que la ética de las personas juzgadoras subyace a la regulación jurídica y su interpretación corresponde a los comités y comisionados de ética judicial, quienes emiten dictámenes o resoluciones en relación con la interpretación del Código de Ética; al ser de carácter ético y no disciplinario, buscan clarificar la interpretación de los principios y recomendar las mejores prácticas. Ponente: comisionado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

Actividad divulgativa. Premios. Entre los años 2018-2021 se concedieron los premios al mérito judicial en el marco de la V edición, otorgado en 2019 al Excmo. Sr. don Antonio Henriques Gaspar (Portugal) y en 2021 al Excmo. Sr. don Ramón Horacio González Pérez (República Dominicana), y los premios de ensayos jurídicos. Durante este período se convocaron cuatro concursos monográficos, bajo la línea de los siguientes temas: prudencia (2018), diligencia (2019), honestidad profesional (2020), secreto profesional (2021) y se dio apertura al concurso 2022 con el tema sobre las Comisiones de Ética Judicial (CIEJ, premios de ensayos jurídicos, s. f.).

Sitio Web de la Comisión. Esta gestión llevó a cabo la renovación de la página web de la Comisión, mediante la participación en la Red Global de Integridad Judicial y a través de la futura Red Iberoamericana de Ética Judicial. Con el apoyo del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial de España (CENDOJ) la Comisión logró poner a disposición de los usuarios un portal en internet cuya dirección es www.cidej.org, en cuatro idiomas, español, portugués, francés e inglés (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2021, p. 7), procurando la máxima difusión de sus actividades.

Publicaciones. Con el apoyo del comisionado Sánchez Rodríguez, de Costa Rica, los ensayos ganadores de los concursos convocados y fallados por la CIEJ en 2018 y 2019 fueron publicados en la prestigiosa revista costarricense Ética Judicial, cuaderno 14, vol. 8, n.° 1, enerojulio 2019; cuaderno 16, vol. 9, n.º 1, enero-julio 2020, y cuaderno 18, vol. 10, n.º 1, enero-julio 2021 (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2021, p. 8).

Código Iberoamericano de Ética Judicial Comentado. El comisionado Castro Caballero, de Colombia, promovió y dirigió el proyecto para la redacción del Código Iberoamericano de Ética Judicial Comentado cuya publicación fue asumida por el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia en 2019. Consiste en una obra colectiva de 266 páginas, a la que han contribuido once miembros de la anterior y de la actual Comisión: Fernando A. Castro Caballero, Eduardo Fernández Mendía, Luis F. Lozano, Rosa M. Maggi Ducommun, Justiniano Montero, Luis P. Sánchez Rodríguez, Xiomarah A. Silva Santos, María Luisa Vijil de Laniado y David Ordóñez Solís. Este interesante libro se presentó el 29 de noviembre de 2019 en Santa Marta, Departamento de Magdalena, Colombia^[4]. Se trata de una trascendental obra y fuente de consulta. En la parte I se interpreta de manera detallada el contenido y alcance de cada uno de los principios éticos, en la parte II se explican aspectos relevantes sobre la Comisión y en la parte III se presentan los dictámenes emitidos.

Guía para redacción de Código de Ética. Asimismo, el secretario ejecutivo, junto con la vocal del Consejo del Poder Judicial Nuria Díaz Abad, participó en la elaboración de una guía de la Red Global de Integridad Judicial, sobre cómo redactar, adoptar y aplicar un Código de Ética para los jueces (Drafting, Adopting and Enforcing a Code of Ethics for Judges, Guidelines, 19 de febrero de 2019) (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2021, p. 9).

Actividad formativa. El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá organizó del 23 al 25 de julio de 2019 el Seminario de Ética Judicial para lo que contó con la intervención académica de los comisionados Hernán De León Batista y Fernando A. Castro Caballero, y del secretario ejecutivo. A través del comisionado Sánchez Rodríguez y de la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica se celebró la primera conferencia virtual de la Comisión sobre El Compromiso Ético de los Jueces con las Nuevas Tecnologías, San José de Costa Rica, 27 de mayo de 2020, con la participación de 170 asistentes (Secretaría Ejecutiva CIEJ, 2021, p. 10).

Comisión 2021-2023: Período actual

En la Asamblea Plenaria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana, reunida en Panamá los días 18 y 19 de octubre de 2021, se nombró la quinta Comisión para el período 2021-2023 (CIEJ, 25 de octubre de 2021). En octubre 2021 se constituyó la actual Comisión, ejerciendo como secretario ejecutivo el juez español, David Ordóñez Solís. Su primera reunión virtual se celebró el 19 de noviembre de 2021 (CIEJ, 25 de octubre de 2021).

Durante esta primera reunión la Comisión eligió los siguientes temas y nombró a los respectivos ponentes para la elaboración de un primer proyecto de dictamen: 1. El abuso de la jurisdicción por el juez en clave ética, por el comisionado Montero; 2. la perspectiva de género en el ejercicio de la función judicial en clave ética, por la comisionada Maldonado; 3. laboriosidad, medición del rendimiento de los jueces y prevención de los riesgos laborales en una perspectiva ética, por el comisionado Ocampos González, y 4. la carrera judicial y su relación con la ética, por la comisionada Martínez Rosso (CIEJ, 19 de noviembre de 2021). La Comisión, en su XVII sesión, celebrada los días 6 y 7 de abril de 2022 en la sede de la Escuela Judicial de España en Barcelona, aprobó dos de estos dictámenes: el decimoséptimo y el decimoctavo (CIEJ, 22 de abril de 2022).

Actividad consultiva (CIEJ, dictámenes, s. f.)

Dictamen 17. De fecha 6 de abril de 2022, este dictamen sobre el abuso de la jurisdicción por el juez en clave ética plantea, entre otras cosas, que el ejercicio abusivo de la jurisdicción constituye una mala práctica reprochable jurídicamente, una expresión de un comportamiento ético inapropiado. Por lo que se recomienda a los poderes judiciales diagnosticar, valorar y sancionar estos comportamientos que afectan gravemente la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Ponente: comisionado Justiniano Montero.

Dictamen 18. De la misma fecha es el dictamen sobre laboriosidad, medición del rendimiento de los jueces y prevención de los riesgos laborales en una perspectiva ética. A través de este se establece, entre otras cosas, que la actitud y el trabajo de los jueces constituyen elementos esenciales de un ejercicio responsable de la función judicial. Por eso la excelencia en su desempeño debe conseguirse mediante una equilibrada combinación de principios y virtudes éticas reiteradas, sobre todo en el Código de Ética. Ponente: comisionado Ocampos González.

La gestión actual pretende establecer mecanismos de colaboración con la Red Iberoamericana de Ética Judicial y mantener contactos y colaboraciones con las distintas Comisiones Nacionales de Ética Judicial; continuar con la traducción de los dictámenes para mayor acceso a estos; aplicar medidas para fomentar la participación en los concursos anuales de ensayos, y, por último, impulsar acciones para hacer más visible el impacto de los trabajos de la Comisión en la vida judicial. Se proponen dieciséis temas para ser analizados y abordados en los siguientes dictámenes. En colaboración con la Comisión de Ética Judicial de España, la Comisión elabora un proyecto de Curso Virtual de Ética para Jueces de Iberoamérica (Ordóñez Solís, noviembre de 2021).

Los dieciséis años de funcionamiento de la Comisión revelan que su composición ha sido acertada, mostrando todos y cada uno de los comisionados un compromiso y una dedicación extraordinarios. Se observa que los resultados son bastante notables, especialmente en la elaboración de un total de dieciocho interesantes dictámenes, además de las publicaciones y actividades de conformación académica, todos con un objetivo común: la formación de jueces éticos que administren justicia en pro de la protección de los derechos humanos, para con ello coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de las personas.

LA COMISIÓN: HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN IBEROAMÉRICA

Ética judicial, derechos humanos y sostenibilidad

Los derechos humanos son anteriores al Estado y no están al arbitrio de la voluntad estatal; es su responsabilidad esencial respetarlos y garantizar su protección efectiva. Los derechos humanos poseen una dimensión ética y universal (CIDH, 2004, p. 478) por los valores que los fundamentan y el sentido de inherencia que les caracteriza.

Esta es la razón por la que el poder de los jueces debe ser usado estrictamente para la salvaguarda de los derechos de las personas y el interés común. Esto así, porque los jueces contraen una gran responsabilidad al ejercer el poder, función que conlleva inexorablemente discrecionalidad y asumir la ética como parte consustancial de su haber, dado que representa el límite en su fuero interno que le conduce hacia lo correcto. Es decir, la ética encauza al juez por el camino de la excelencia a fin de que brinde las mejores decisiones en beneficio de la sociedad (Montero Mena, 26 de mayo de 2020). Asimismo, busca formar al buen juez, que aporte a la construcción de una justicia eficiente que se constituya en garantía de la satisfacción efectiva de los derechos humanos.

Es preciso explicar que un buen juez no es aquel que logra una adecuada interpretación y aplicación de la norma ni una gerencia del despacho y administración de los procesos con eficiencia, porque esto solo conlleva a una mera apariencia de buena práctica judicial (Montero Mena, 26 de mayo de 2020). El buen juez es el juez bien formado, aquel que conoce el derecho vigente y ha desarrollado las capacidades técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlos correctamente (artículo 29 del Código); es decir, una combinación entre lo técnico y lo ético. Por ello, el juez debe sentirse vinculado no solo por el texto de la norma jurídica, sino también por las razones que en ella se fundamentan (artículo 40 del Código). Significa esto que es imprescindible un comportamiento con alto sentido ético, que contribuya al desarrollo de las cualidades propias del ser humano, estado que se evidencia cuando la calidad de vida del ser humano evoluciona positiva y constantemente. Una judicatura con servidores que modelen este comportamiento, sin duda, suma considerablemente al desarrollo sostenible mediante la buena administración de justicia.

Sin lugar a duda, la observancia de las normas deontológicas impulsa una administración de justicia accesible, pronta, oportuna e inclusiva, que tiene como norte la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, tras el puro ideal de un desarrollo que satisfaga las necesidades básicas de las presentes y futuras generaciones, “cuya sostenibilidad depende de la búsqueda de un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental” (Álvarez, Torres, Samanez y Sarmiento, 2018) en la sociedad. Partiendo de ahí, podemos asegurar que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ―en lo adelante ODS― de la Agenda 2030 depende de una ética para la sostenibilidad, que se apoye en la responsabilidad moral tanto de las personas como de los conjuntos   sociales   y el Gobierno, con el firme objetivo de mejorar las condiciones de calidad de la vida de la gente. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo incide la labor desempeñada por la Comisión en el ODS 16 de la Agenda 2030 de la ONU?

Compromiso de la Comisión con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

Las brechas que se enfrentan a nivel internacional son estructurales: escasa productividad, segregación y rezagos en la calidad de los servicios públicos, corrupción, impunidad, etc. Frente a estos desafíos, los 193 Estados miembros de la ONU entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en septiembre del año 2015 mediante la resolución 700 (XXXVI) (CEPAL, 2018).

El desarrollo sostenible puede ser concebido como la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas, sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medioambiente. De este modo, el principal interés es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales. Es preciso aclarar que no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva a largo plazo en el manejo de estos, encaminado a la satisfacción de las necesidades con sustentabilidad (FAO, 1995). El desarrollo sostenible se encuentra íntimamente relacionado con el derecho al desarrollo, definido en el artículo 1 de la Declaración sobre Derecho al Desarrollo de 1986, como un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político.

La referida Agenda pública plantea 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. El ODS 16 busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”; objetivo íntimamente relacionado con el sector justicia.

Por estos motivos, la Cumbre Judicial Iberoamericana se comprometió a contribuir, a través del Código y la actividad de la Comisión, con la consecución del ODS 16, adoptando en la XIX Cumbre celebrada en España entre los días 13 y 15 de diciembre de 2017 (CIEJ, 2018) un compromiso con la Agenda 2030. Mediante este documento acuerda lo siguiente: “Instar a los sistemas judiciales iberoamericanos a tomar en consideración e incorporar las metas del Objetivo 16 en la generación de políticas públicas; promover la difusión y el empoderamiento de las sociedades de las metas del Objetivo 16 […]” (CJI, 2017). Objetivos perfectamente alcanzables, ya que “la ética judicial es un campo cuyo desarrollo tiene ventajas sobre cualquier otro y dado que en la consecución de la meta 16 no desplaza a otros, sino que se les suma, ocupando un lugar propio en el que no se ve que pueda ser substituida” (CIEJ, 2018).

La ejecución de la funciones divulgativas, consultivas y formativas en torno a los principios éticos, que le confiere el Código a la Comisión, produce una impregnación de la ética en la actuación de la persona juzgadora iberoamericana. Asimismo, en el accionar de los órganos que organizan, asisten y evalúan el ejercicio de la labor jurisdiccional y, en última instancia, este correcto accionar es percibido por las personas usuarias de la justicia. La impregnación de la ética coadyuva a la construcción del ODS 16, cuestión que debe llevar a los administradores de justicia a la necesidad de reflexionar sobre lo que están haciendo, cómo lo están haciendo o cómo lo están haciendo los demás, recogiendo experiencias previas que le indiquen cual es la mejor alternativa, en pro del bienestar colectivo.  

Esta idea se afianza aún más al analizar la afirmación realizada por los juristas Atienza y Vigo, quienes sostienen que la Comisión ha confirmado que el espacio iberoamericano es un ámbito privilegiado de cooperación judicial donde se pueden desarrollar valores y principios éticos compartidos. De hecho, la Comisión se está convirtiendo en un escalón regional entre lo local y lo universal (Castro Caballero, 2019, p. 149). De esta afirmación se infiere que los aportes de la Comisión atraviesan fronteras y no solo impactan a los servidores, sino a toda la comunidad jurídica y a la sociedad en general.

Incidencia de la Comisión en la construcción del ODS 16 de la Agenda 2030  

Previo a explicar el modo en que influye la labor realizada por la Comisión en sus 16 años, a través de sus diferentes gestiones, en la consecución del ODS 16 y el resto que compone la Agenda, es preciso establecer que el fin esencial de este objetivo es la construcción de una justicia sostenible. En este sentido, el juez español Ordóñez Solís, secretario ejecutivo de la Comisión, sostiene que el concepto de justicia sostenible se basa en un acervo común integrado por el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y, en particular, por unas instituciones judiciales independientes e imparciales al servicio de los ciudadanos (Ordóñez, 2018). Asegura que la sociedad ha progresado desde el punto de vista material y moral, y también ha mejorado la justicia; sin embargo, en las sociedades desarrolladas los riesgos de que se derrumbe lo construido hasta ahora son muy elevados y en las sociedades en desarrollo, donde no se han alcanzado los mínimos imprescindibles para hablar de una justicia decente, es inexcusable avanzar en su desarrollo (Ordóñez, 2018, p. 3).

Es preciso acotar que, tanto a los Estados miembros de la ONU como a los organismos internacionales comprometidos con la Agenda, como es la Cumbre, les corresponde identificar técnicas, estrategias y aunar esfuerzos en procura del alcance de los ODS. En tal sentido, nos permitiremos demostrar que los proyectos y actividades que ha venido ejecutando la Comisión desde 2006, impactan sustancialmente en la satisfacción efectiva de derechos fundamentales y garantías judiciales, dado que, la difusión, explicación y concienciación en torno a los valores y principios éticos, permite sentar las bases para la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas, una justicia accesible e instituciones sólidas que rindan cuentas (ODS 16). La justificación de esta hipótesis es la siguiente:

I. La Comisión, a través de las consultas, ya sea a propuesta de los Poderes Judiciales de la Cumbre o de la propia Comisión, por medio de sus dictámenes brinda información precisa con relación a supuestos reales o abstractos mediante los cuales explica el modo de aplicación del Código, su alcance y la interpretación de los principios éticos que lo componen, haciendo posible su correcta ejecución y puesta en práctica.

II. Mediante capacitaciones, concursos y publicaciones sobre temas de ética judicial, con base en los principios éticos que enarbola el Código, la Comisión da a conocer su contenido a nivel de Iberoamérica y su interiorización mediante el uso de técnicas que lleven al convencimiento voluntario del destinatario, sin soslayar que la ética no se impone y su asimilación debe darse gradualmente, impulsada por la conciencia y el compromiso de los servidores. Esto hace posible la formación de jueces con sobrada verticalidad moral ante los ojos de cualquier observador razonable, cuestión que sin lugar a duda abona al fortalecimiento de la credibilidad y la confianza en los poderes judiciales. Todo esto conlleva a un cambio de conciencia y cultura en los servidores judiciales y a la consecuente tutela efectiva de las garantías judiciales y derechos fundamentales.

La Comisión, mediante de la ejecución de estas funciones, impacta en el sistema de justicia en el sentido siguiente:

i. El cumplimiento de los principios éticos de la independencia, imparcialidad, honestidad profesional, trasparencia, motivación y secreto profesional en el ámbito jurisdiccional se traduce a medidas de reforzamiento de la integridad y promoción del Estado de derecho que garantice la igualdad de acceso a la justicia para todos (meta 16.3 de la Agenda 2030). Pero, fundamentalmente, se erige en fuente de herramientas para evitar cualquier oportunidad de corrupción entre los miembros de los poderes judiciales, como lo contempla el artículo 11.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, fortaleciendo así la credibilidad y la confianza en los poderes judiciales, cuestión que repercute en el aumento de los niveles de institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas^[5] a lo interno del poder y a lo externo se erige como garantía de fortaleza institucional (meta 16.6).

Tras el análisis de las diferentes gestiones de la Comisión, ha quedado evidenciado que esta cumple cabalmente con el mandato de la referida Convención contra la corrupción, por ser un órgano que tiene por objeto primordial promocionar la adopción de códigos de conducta en los veintitrés países iberoamericanos y promover su correcta interpretación y aplicación; objetivo este que se ha ido logrando paulatinamente. En ese sentido, debemos citar la actividad normativa deontológica más reciente, que ha sido la modificación del Código de Comportamiento Ético de la República Dominicana, tomando como modelo el Código Iberoamericano de Ética Judicial^[6], proyecto propuesto por el Mgdo. Justiniano Montero, juez de la SCJ y comisionado actual de la Comisión. En torno a su contenido, el jurista argentino Armando Andruet, señaló que este Código habrá de cooperar para que otros poderes judiciales vuelvan a prestar atención a este tema y continúen haciendo frente a sus debilidades (Andruet, 13 de abril de 2022).

La titánica labor desempeñada por la Comisión contribuye y seguirá contribuyendo con el combate contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, debemos citar que estudios realizados en Iberoamérica afirman con énfasis que existe una cantidad notable de juzgadores, fiscales y abogados que actúan de forma ética y apegados a la justicia y que, a pesar de las fuertes presiones que enfrentan a consecuencia de su labor independiente y objetiva, con su trabajo promueven, defienden y garantizan el respeto de los derechos humanos (Nash y Fuchs, 2019, p. 212), una muestra más de que la justicia iberoamericana avanza.

ii. La debida diligencia, responsabilidad, confidencialidad y excelencia en la labor jurisdiccional favorece el despliegue de pesquisas que permiten la recolección de la prueba fehacientes, previo a que sea destruida u ocultada por los infractores, sobre todo en los casos de delincuencia organizada en todas sus formas, permitiendo reducir las corrientes financieras y la devolución de activos robados al Estado mediante el combate de la corrupción y el soborno (metas 16.4 y 16.5) y, a su vez, enfrentar la violencia en todas sus formas, la trata de personas, el terrorismo, entre otros (metas 16.1, 16.2 y 16.a).

iii. La debida regulación e interpretación de los principios de prudencia, transparencia y secreto profesional impulsa el ejercicio del gobierno abierto desde los poderes judiciales, poniendo a disposición de la ciudadanía sus actuaciones y decisiones, fomentando así la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia; de igual modo, coadyuva a identificar las informaciones públicas protegidas por el deber de secreto, cuestión que hace posible el ejercicio del derecho al acceso a la información y libertad de expresión de manera efectiva y con mayores niveles de conciencia y seguridad, es decir, sin poner en riesgo datos sensibles o reservados por seguridad nacional (meta 16.10);

iv. La observancia de los principios éticos de debida diligencia, responsabilidad, justicia y equidad y cortesía por parte de los jueces les lleva a la correcta laboriosidad e incide en la emisión de decisiones justas, equitativas, razonables y oportunas (acceso a la justicia), garantizando así la adopción en todos los niveles de decisiones oportunas, inclusivas y representativas que respondan a las necesidades reales (meta 16.7). Como dijo el jurisconsulto Raúl Zaffaroni en una de sus entrevistas para la ONU, la mayor contribución que pueden ofrecer los operadores judiciales para garantizar el acceso a la justicia y cumplir en general con los ODS es poner “manos a la obra” (Benech, 2017, p. 15).

v. En ese mismo orden, es preciso señalar que el combate de la corrupción y de los delitos de criminalidad organizada y el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y libertad de expresión, que favorecen el disfrute de los derechos fundamentales con mayor eficacia, abonan a la construcción de instituciones sólidas y a una justicia sostenible que tenga por misión la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16).

Huelga señalar que el despliegue de investigaciones responsables, el ejercicio de una judicatura laboriosa, independiente e imparcial y la existencia de gobiernos verdaderamente democráticos, regidos por poderes judiciales sólidos, construidos con base en valores y principios, permite cumplir a los Estados con su responsabilidad constitucional de garantizar, proteger y evitar violaciones a los derechos fundamentales, impactando no solo en el sector justicia, sino también en los sectores económico, ambiental y social. Todo esto conduce a la materialización de los valores supremos que inspiran el verdadero sentido de la existencia humana: la paz, la armonía social, el bienestar general, el bien común y la felicidad de los pueblos (ODS 16).

La Comisión y el objetivo 16: Su repercusión en los demás ODS  

La Cumbre Judicial Iberoamericana, mediante la Declaración de Compromiso con los ODS, formalmente solo se comprometió a promover el desarrollo de las metas del ODS 16, sin embargo, el espíritu de este documento y por ende, de la misma Cumbre, va mucho más allá, porque la consecución de una justicia sostenible, la construcción de sociedades pacíficas y la consolidación de los poderes judiciales, ejerce un equilibrio en las finanzas públicas, la protección del medioambiente y la satisfacción de derechos sociales. Significa esto que los ODS de la Agenda 2030 poseen un carácter integrado e indivisible y el ODS 16 es trasversal a todos los demás^[7], fórmula esta que impulsa su materialización integral. Podría afirmarse que, “el objetivo 16 constituye un prerrequisito para el cumplimiento de los demás, ya que es muy difícil concebir sociedades con altos estándares de educación, trabajo, salud e igualdad sin paz, sin instituciones sólidas y sin una justicia independiente y accesible” (Benech, 2017, p. 2).

En ese orden de ideas, la presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica Zarela Villanueva, señaló: “el reconocimiento de que la administración de Justicia es también un motor de desarrollo humano y que su fortalecimiento es una garantía para el efectivo disfrute de los derechos fundamentales de las personas”. “La democracia supone y requiere efectividad en el ejercicio de los derechos por parte de todas las personas, el mecanismo para lograrlo es contar con sistemas de administración de Justicia que satisfagan de manera efectiva las demandas, que sean accesibles y tengan claridad de su función”. El magistrado Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, coincide en la necesidad de instituciones fuertes para garantizar los derechos consagrados en los ODS y en particular de poderes judiciales independientes (Benech, 2017, p. 8).

Los fundamentos que robustecen la teoría de la transversalidad del ODS 16 ―a juicio nuestro― son los siguientes:

A.      ODS 16 y su impacto en la esfera económica: Como se explicó en el apartado anterior, la labor de la Comisión incide positivamente en la consecución del ODS 16: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (paz, justicia e instituciones sólidas). La influencia de este organismo en el ámbito económico radica en que la justicia sostenible constituye una herramienta vital para el combate de la corrupción y la criminalidad organizada, flagelos que según la ONU distraen alrededor de US$1,26 billones para los países en desarrollo por año. “[…] esta cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de $1.25 al día por encima de $1.25 durante al menos seis años” (ONU, s. f.). Estos recursos permitirían impulsar el desarrollo económico, escenario que propiciaría el aumento de la productividad, la modernización del sector público, la eficientización de las herramientas para la prestación de servicios y la consecuente satisfacción de derechos fundamentales, sobre todo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

No se puede soslayar que el problema frente al fenómeno de la corrupción es que el Poder Judicial habitualmente actúa ex post, es decir, una vez que el acto de corrupción ha sido consumado. Por tanto, aunado al esfuerzo de los poderes judiciales, debe trabajarse a nivel administrativo y legislativo para prevenir la corrupción, aumentando la transparencia y dándole mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y en los procesos de monitoreo estatal. “[…] el Estado debe adoptar e implementar políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos y abstenerse de promover o ejecutar políticas que impliquen un retroceso en la prestación de esos derechos” (Corte Constitucional de Colombia, 2004).

Fuente: elaborado por el sustentante.

B.    ODS 16 y su impacto en la esfera ambiental: El desarrollo económico y el aumento de la productividad permiten satisfacer las necesidades del pueblo y a su vez hacen mermar el uso desequilibrado e insostenible del medioambiente. Asimismo, impactan en el aumento de los niveles de acceso a educación de calidad y trabajo decente (esfera económica); posibilitan el acceso a herramientas modernas para sensibilizar a la sociedad en torno a las consecuencias que provoca la afectación del medioambiente y facilitan los esfuerzos en pro de la protección de los ecosistemas terrestres y marinos. El sector ambiental también resulta beneficiado con el combate de la corrupción porque ha quedado comprobado que la sombra de este flagelo en América Latina y el Caribe arropa en gran medida el sector medioambiental por los recursos que este provee (ejemplos: el tráfico de madera, la extracción desmedida de agregados de los ríos sin los debidos permisos y licencias, el aumento de los precios de otros materiales para la construcción como efecto de la propia corrupción) (PNUD, 2014).

 El impulso de la modernización en el sector público con el incremento en el uso de las TIC representa una medida significativa en el freno del calentamiento global y el cambio climático, porque según investigaciones de la consultora McKinsey, se calcula que la web generaba en 2018 solo 2 % del total de las emisiones de dióxido de carbono del planeta y en 2020 entre 3 % o 4 % (Valdeolmillos, 2019). Con esto queremos significar que el uso del internet contamina en menor medida frente a otros medios convencionales.

C.      ODS 16 y su impacto en la esfera social: habitar en una sociedad con instituciones públicas sólidas y en un entorno ambiente sano es la clave para que los seres humanos puedan vivir en espacios donde impere el orden público y se les proporcione el bienestar, cuestión que les permite coexistir en paz, democracia, equidad y exclusión social.

CONCLUSIONES

La Comisión representa la parte operativa del Sistema Iberoamericano de Ética Judicial que tiene por objeto fortalecer la conciencia ética de los impartidores de justicia y prevenir acciones antiéticas que transgredan el derecho. Esta es la razón por la que el artículo 83 del Código le atribuye responsabilidad de asesorar, divulgar y educar con base a los principios éticos que enarbola el referido Código. El objetivo central es la formación de buenos jueces que conduzcan la judicatura por el trayecto de la excelencia para la consecución de una justicia sostenible. La labor de la Comisión en la construcción de este ideal es imprescindible, dado que ha quedado demostrado que la parte académica es importante, pero sin que se forjen valores y virtudes resulta imposible.

Mediante el estudio de la evolución de la Comisión se ha comprobado que sus miembros han trabajado notablemente en los retos avizorados por sus creadores M. Atienza y R. Vigo en el año 2006 (enumerados en la parte introductoria). Es evidente que las distintas Comisiones de Ética (2006 a 2021) han realizado un esfuerzo colosal en la difusión del Código y sus principios, obteniendo un efecto extraordinario en los veintitrés países miembros de la Cumbre. Por una parte, ha sido adoptado como Código de aplicación directa, como es el caso de Paraguay, y, por otra parte, ha influido en la adopción de códigos éticos internos, como es el caso de España y la República Dominicana. En esto ha influido que ha mediado un involucramiento considerable por parte de los Poderes Judiciales miembros de la Cumbre, cuestión que ha hecho posible que las políticas de difusión y formación ejecutadas incidan contundentemente en los sistemas de justicia. 

Su actividad consultiva ha surtido un efecto impactante. A la fecha la Comisión ha emitido un total de dieciocho dictámenes a solicitud de los Estados miembros de la Cumbre y de los propios comisionados, en los que se ha referido a casi la totalidad de los principios, incidiendo indirectamente en la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona usuaria de la justicia, ya que la observancia a estas recomendaciones por parte de los Poderes Judiciales coadyuva a la construcción de una justicia independiente, oportuna, equitativa e inclusiva.

De igual modo, ha sido encomiable la labor de difusión y formación a través de la publicación de textos y actividades académicas sobre ética judicial, que conforme a los registros han tenido buena acogida por parte de colectivos de la judicatura, quienes se han convertido en multiplicadores. Lo mismo ha sucedido con los concursos de ensayos jurídicos, que permiten a la sociedad en general profundizar en el estudio de los principios éticos, divulgar su contenido y comprender su esencia, y el premio al mérito judicial, con el que se distingue a quien haya ejercido sus funciones judiciales con excelencia, actividad que permite motivar a los servidores y fortalecer la confianza y la credibilidad en el sector justicia, cuestión que abona al logro de los objetivos de la Comisión.

Huelga señalar que los efectos de la labor de la Comisión se potencializaron con la renovación de su página web, la cual ha permitido mayor acceso a todos los contenidos en español, portugués e inglés, haciendo posible que sus acciones lleguen a todos los rincones del mundo, como el más alto referente en materia de ética judicial iberoamericana, garantizando con ello la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

La plausible labor desempeñada por las Comisiones de Ética también ha permitido cumplir con el compromiso asumido por la Cumbre Judicial con la ONU en el año 2017, en el sentido de aportar a la construcción del ODS 16 de la Agenda 2030, incidiendo además indirectamente en la consecución del resto de los objetivos dada su transversalidad. Esta hipótesis ha sido demostrada en el presente ensayo y se refrenda con las conclusiones del 3.^er Encuentro Iberoamericano de la Agenda 2030 en el Poder Judicial (CNJ, junio 2021), celebrado en 2021, donde se presentaron los aportes de los poderes judiciales y se reafirmó el compromiso, al expresar que los ODS son metas ambiciosas, pero desde las instancias en las que convergen representantes de los Estados, como es la Cumbre, existen mayores posibilidades de contribuir de forma vigorosa y con decidido impacto para construir sociedades más igualitarias y equitativas, con instituciones más sólidas, encaminando las naciones iberoamericanas por el trayecto del desarrollo sostenible en procura de más bienestar y felicidad para mayor número de personas (Jeremy Bentham, 1748-1832).

RECOMENDACIONES

Presupuesto. Hasta el momento la Comisión depende financieramente de la Cumbre. Esto no ha impedido que haya desempeñado sus funciones de manera eficiente gracias al apoyo de los Estado miembros de la Cumbre. Sin embargo, recomendamos definir algún presupuesto anual que permita una mejor autogestión.

Consultas. Debe asimilarse que el Código tiene como destinatarios directos a los jueces, pero los indirectos o destinatarios finales son los ciudadanos, quienes merecen el mejor servicio de justicia posible, por tanto, la sociedad civil debe tener la facultad de solicitar consultas ante la Comisión, a través de Comisiones de Ética Nacional, Defensor del Pueblo o Defensoría Pública, a fin de que puedan identificar y reclamar con certeza internamente las actuaciones contrarias a la ética.

Sostenimiento de la unión entre los miembros de la Cumbre. Las alianzas entre los Estados es clave para alcanzar los ODS en cuanto a desarrollo inclusivo y sustentable, porque involucra muchas manos y voces, haciendo posible la aplicación de políticas a gran escala. Por esta razón, recomendamos que los miembros de la Cumbre conserven la unión e incentiven la compenetración y cooperación integral; porque como dijo una vez María Teresa de Calcuta (1910-1997): “Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.

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